De 50 países del mundo con la religión musulmana cómo predominante, ninguno de ellos reconoce derechos civiles a la comunidad LGTBI, estando expresamente prohibida la homosexualidad en 37 de ellos, con castigos que van desde latigazos hasta la muerte, generalmente horca o lapidación.
Y en los territorios palestinos la persecución a gais (llegando incluso a la ejecución sumaria) se produce con regularidad. Muchos de esos gais y lesbianas palestinos logran esconderse en Israel con el objetivo de escapar de la extrema intolerancia, el abuso físico, o desaprobación de sus familias.
Pero el problema no es ese; el problema, ¡oh sorpresa!, es Israel. El país donde los derechos de los homosexuales se reconocen legalmente, contando con el reconocimiento de las parejas de hecho (homologado al matrimonio por su Tribunal Supremo), la adopción, el reconocimiento de matrimonios gay contraídos en el extranjero y la rígida garantía de no discriminación del colectivo LGTB en el ámbito laboral, entre otros derechos. La comunidad LGTB está plenamente integrada en la sociedad israelí, ocupando los más altos puestos de responsabilidad en el ejército, el poder judicial, o en el ámbito parlamentario, por ejemplo.
¿Y sabéis qué? Pues que con nuestros impuestos financian una proyección hipócrita que persigue a quien defiende los derechos del colectivo LGTB, y obvia rastreramente a quienes son sus ejecutores.
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