La doble moral: enfocando en el lugar equivocado
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Desde ACOM denunciamos la cruel farsa que tendrá lugar dentro de “LesGaiCineMad”, Festival de cine lésbico, gai y transexual de Madrid, con la proyección de “Queers en Palestina: intersecciones”, una doble pirueta cínica mediante la cual se pretende reflejar a Israel cómo espacio de represión homófoba y los territorios palestinos cómo un paraíso de tolerancia hacia la homosexualidad.
Reza el programa que el documental será “un espacio donde se reinventarán los estereotipos islamófobos de género y la propaganda homonacionalista sionista“. Ese furibundo contenido anti-israelí choca con la realidad: en Gaza se tipifican los actos sexuales entre hombres con una pena de hasta 10 años, y la propia autoridad de Hamás pretende reiteradamente modificar su código legislativo en base a la Sharia, lo que agravaría la situación de la comunidad LGTBI.
La persecución a gais (llegando incluso a la ejecución sumaria) se produce con regularidad en territorios palestinos. Muchos de esos gais y lesbianas palestinos logran esconderse en Israel con el objetivo de escapar de la extrema intolerancia, el abuso físico, o desaprobación de sus familias. En Israel los derechos de los homosexuales se reconocen legalmente, contando con el reconocimiento de las parejas de hecho (homologado al matrimonio por su Tribunal Supremo), la adopción, el reconocimiento de matrimonios gay contraídos en el extranjero y la rígida garantía de no discriminación del colectivo LGTB en el ámbito laboral, entre otros derechos. La comunidad LGTB está plenamente integrada en la sociedad israelí, ocupando los más altos puestos de responsabilidad en el ejército, el poder judicial, o en el ámbito parlamentario, por ejemplo.
Lo grave es que la proyección de ese líbelo rancio contra Israel es sufragado con fondos públicos. Se produce un uso escasamente ético, cuando no fraudulento, de nuestros impuestos, dirigiendo amplias partidas presupuestarias a organizaciones que no dudan en promover contenido abiertamente falaz utilizando para sus intereses a colectivos en exclusión.
Sorprende cómo enmascaran la persecución de la homosexualidad en territorios palestinos, o cómo obvian abordar la realidad en otros países del entorno. De 50 países del mundo con la religión musulmana cómo predominante, ninguno de ellos reconoce derechos civiles a la comunidad LGTBI, estando expresamente prohibida la homosexualidad en 37 de ellos, con castigos que van desde latigazos hasta la muerte, generalmente horca o lapidación.
Sorprende negativamente el apoyo económico al evento por parte de instituciones públicas, con la Universidad Complutense y los Ayuntamientos de Madrid, Getafe, Leganés, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes a la cabeza, a los que se suma el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid. Deberían explicar rotundamente estas administraciones cómo pueden destinar fondos a hipocresías propagandísticas de este calibre. La Comunidad de Madrid va más allá del apoyo económico: ofrece como plataforma de difusión de ese mensaje de odio el Programa LGTBI, creado en 2002 cómo servicio de atención integral a las personas de dicho colectivo.
Divulgar contenido discriminatorio y abiertamente hostil contra una nación que salvaguarda los derechos de todos independientemente de su orientación sexual, escudándose en los derechos de la comunidad LGTBI perseguida en Palestina incluso hasta la muerte, es vergonzoso. Hacerlo con dinero público, además, es ilegal.
También es sonrojante ver como patrocinador a una empresa de probada reputación y compromiso social cómo es El Corte Inglés. Financiar campañas de quienes nunca condenan el terrorismo palestino está muy lejos del sentir de sus clientes, e igual que exigimos a las instituciones públicas corten la sangría del contribuyente para estas iniciativas, conminamos a que entidades privadas tomen conciencia de cómo su buena voluntad es usada torticeramente por apologetas del odio.
Reza el programa que el documental será “un espacio donde se reinventarán los estereotipos islamófobos de género y la propaganda homonacionalista sionista“. Ese furibundo contenido anti-israelí choca con la realidad: en Gaza se tipifican los actos sexuales entre hombres con una pena de hasta 10 años, y la propia autoridad de Hamás pretende reiteradamente modificar su código legislativo en base a la Sharia, lo que agravaría la situación de la comunidad LGTBI.
La persecución a gais (llegando incluso a la ejecución sumaria) se produce con regularidad en territorios palestinos. Muchos de esos gais y lesbianas palestinos logran esconderse en Israel con el objetivo de escapar de la extrema intolerancia, el abuso físico, o desaprobación de sus familias. En Israel los derechos de los homosexuales se reconocen legalmente, contando con el reconocimiento de las parejas de hecho (homologado al matrimonio por su Tribunal Supremo), la adopción, el reconocimiento de matrimonios gay contraídos en el extranjero y la rígida garantía de no discriminación del colectivo LGTB en el ámbito laboral, entre otros derechos. La comunidad LGTB está plenamente integrada en la sociedad israelí, ocupando los más altos puestos de responsabilidad en el ejército, el poder judicial, o en el ámbito parlamentario, por ejemplo.
Lo grave es que la proyección de ese líbelo rancio contra Israel es sufragado con fondos públicos. Se produce un uso escasamente ético, cuando no fraudulento, de nuestros impuestos, dirigiendo amplias partidas presupuestarias a organizaciones que no dudan en promover contenido abiertamente falaz utilizando para sus intereses a colectivos en exclusión.
Sorprende cómo enmascaran la persecución de la homosexualidad en territorios palestinos, o cómo obvian abordar la realidad en otros países del entorno. De 50 países del mundo con la religión musulmana cómo predominante, ninguno de ellos reconoce derechos civiles a la comunidad LGTBI, estando expresamente prohibida la homosexualidad en 37 de ellos, con castigos que van desde latigazos hasta la muerte, generalmente horca o lapidación.
Sorprende negativamente el apoyo económico al evento por parte de instituciones públicas, con la Universidad Complutense y los Ayuntamientos de Madrid, Getafe, Leganés, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes a la cabeza, a los que se suma el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid. Deberían explicar rotundamente estas administraciones cómo pueden destinar fondos a hipocresías propagandísticas de este calibre. La Comunidad de Madrid va más allá del apoyo económico: ofrece como plataforma de difusión de ese mensaje de odio el Programa LGTBI, creado en 2002 cómo servicio de atención integral a las personas de dicho colectivo.
Divulgar contenido discriminatorio y abiertamente hostil contra una nación que salvaguarda los derechos de todos independientemente de su orientación sexual, escudándose en los derechos de la comunidad LGTBI perseguida en Palestina incluso hasta la muerte, es vergonzoso. Hacerlo con dinero público, además, es ilegal.
También es sonrojante ver como patrocinador a una empresa de probada reputación y compromiso social cómo es El Corte Inglés. Financiar campañas de quienes nunca condenan el terrorismo palestino está muy lejos del sentir de sus clientes, e igual que exigimos a las instituciones públicas corten la sangría del contribuyente para estas iniciativas, conminamos a que entidades privadas tomen conciencia de cómo su buena voluntad es usada torticeramente por apologetas del odio.
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ACOM - Acción y Comunicación sobre Oriente Medio
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