por Judith Bergman • 31 de Octubre de 2017
Cuando se nombra a los empleados de las compañías de las redes sociales como policía privada del pensamiento del Estado y se les da el poder de moldear el actual discurso político y cultural, decidiendo quién puede hablar, y qué puede decir, y a quién se acallará, la libertad de expresión se reduce a nada más que un cuento de hadas. ¿O quizá es ese el propósito?
Un tribunal alemán impuso recientemente una pena de seis meses de cárcel (en suspenso) al periodista Michael Stürzenberger (en la imagen) por publicar en su página de Facebook una foto del gran muftí de Jerusalén Haj Amín al Huseini estrechando la mano a un oficial nazi en Berlín en 1941. A Stürzenberger se le acusó de "incitar al odio contra el islam" y de denigrarlo por publicar esa imagen. (Imagen: pantallazo de un vídeo de PI News)
Una nueva ley que introduce la censura del Estado en las plataformas sociales entró en vigor el pasado 1 de octubre. La nueva ley exige a las plataformas sociales como Facebook, Twitter y YouTube que censuren a sus usuarios en nombre del Estado alemán. Las compañías de dichas redes sociales están obligadas a borrar o a bloquear cualquier "delito de ofensa" como el libelo, la calumnia, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas de la recepción de la queja de un usuario, al margen de que el contenido sea cierto o no. Las empresas de las redes sociales tienen siete días para los casos que sean más complicados. Si no lo hacen, el gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no cumplir la ley.
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