La asesora legal del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset, Miri Frankel-Shor, advierte a los legisladores que el proyecto de ley de exención propuesto no satisface las necesidades operativas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
La abogada Miri Frankel-Shor, distribuyó un informe a los miembros del comité antes del debate programado para el martes sobre el proyecto de ley de exención, advirtiendo sobre importantes preocupaciones legales y de principio en su redacción actual.
Según el proyecto de ley presentado por el presidente del comité, el diputado Boaz Bismuth, hasta el 10% de los objetivos anuales del reclutamiento podrían cumplirse mediante el servicio de seguridad civil en lugar del servicio regular en las FDI. Dicho servicio incluiría puestos en unidades de apoyo de la Oficina del Primer Ministro, incluyendo el Shin Bet y el Mossad, así como funciones dentro del Servicio Penitenciario de Israel y la policía. Esta vía estaría disponible exclusivamente para graduados de instituciones educativas jaredíes.
Frankel-Shor escribió que limitar la alternativa a los graduados jaredíes “constituye una violación de la igualdad”, señalando que el servicio de seguridad civil difiere fundamentalmente del servicio militar, “incluso cuando se realiza en un marco relacionado con la seguridad”, según Israel National News.
Enfatizó que la vía de seguridad civil es voluntaria, significativamente más corta que el servicio militar y no incluye el servicio de reserva. Estos factores, argumentó, amplían aún más la brecha entre ambas vías.
También desde el punto de vista de la seguridad, advirtió que el marco propuesto no satisface las necesidades operativas actuales de las FDI: “Si bien la opción del servicio de seguridad civil se acerca más al componente de seguridad que el servicio civil nacional, actualmente no satisface las demandas de aumentar las cuotas de reclutamiento de soldados y tropas de combate de las FDI”. Según el borrador, los objetivos iniciales prevén 8.160 reclutas, tanto en el servicio militar como en el de seguridad civil, durante el primer año, definido como un período de dieciocho meses que finaliza en junio de 2027. El cupo se reduciría a 6.840 en el segundo año, aumentaría a 7.920 en el tercero y alcanzaría no menos de 8.500 en el cuarto año. A partir del quinto año, se reclutaría al 50% de cada cohorte anual de graduados de educación haredí, y hasta un 10% podría servir en el programa de seguridad civil.
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