Tres semanas después de la represión masiva de protestas en Irán, atribuida principalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a la milicia Basij, emergen señales de malestar dentro de las propias filas de las fuerzas de seguridad. Diversos informes apuntan a tensiones internas y posibles casos de insubordinación tras el uso sistemático de fuego real contra manifestantes.
Un miembro del CGRI en Teherán, que habló a través de un intermediario, aseguró que se negó a regresar a su puesto tras los operativos del 8 y 9 de enero, alegando depresión severa y tratamiento médico. Según su testimonio, las órdenes eran disparar a matar y ejecutar una represión contundente. El oficial afirmó estar conmocionado por el nivel de violencia ejercido contra civiles y señaló que algunos familiares suyos figuraban entre heridos o desaparecidos.
De acuerdo con reportes no verificados, la Organización de Protección de Inteligencia del CGRI habría emitido directivas confidenciales advirtiendo que cualquier negativa a obedecer órdenes sería castigada con arresto inmediato y juicio ante tribunales militares especiales. Paralelamente, la Organización de Inteligencia del CGRI publicó una advertencia pública sin precedentes contra la “insubordinación, deserción o desobediencia”, reflejando la preocupación de la cúpula ante posibles fracturas internas.
Mientras tanto, activistas de derechos humanos han difundido denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de manifestantes heridos en la vía pública y muertes dentro de centros médicos. Aunque las restricciones de internet y el contexto de seguridad dificultan la verificación independiente, algunos casos específicos han generado alarma, como la presunta muerte bajo custodia de un manifestante de 34 años en Shahinshahr. También se difundió un video que mostraría el asesinato a quemarropa de una mujer herida.
Un agente de policía de Teherán afirmó que numerosos efectivos de base se encuentran psicológicamente al límite, pese a incentivos económicos ofrecidos por el gobierno. Según su relato, muchos agentes enfrentan tensiones familiares cuando sus propios allegados participan en las protestas.
En paralelo, el régimen ha intensificado sesiones de adoctrinamiento ideológico para mandos intermedios, en las que se califica a los manifestantes como “enemigos de Dios” y se justifica la represión mediante argumentos religiosos.
El exiliado Reza Pahlavi convocó protestas nacionales para el 8 y 9 de enero y afirmó haber recibido declaraciones de lealtad de “decenas de miles” de militares y miembros de fuerzas de seguridad. Sin embargo, las fuerzas armadas continuaron participando en la represión. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 30.000 personas habrían muerto en solo dos días, una cifra que no ha sido verificada de forma independiente y que ha generado críticas tanto contra el régimen como contra la oposición.
Aunque oficialmente el ejército no está destinado a intervenir en protestas internas, ha desempeñado un papel de apoyo logístico y de seguridad en levantamientos recientes, permitiendo al CGRI concentrar sus unidades de élite en la represión directa. Estas incluyen brigadas especialmente leales y mejor remuneradas, consideradas clave para mantener el control.
Analistas señalan que, a diferencia de 1978, la estructura de seguridad actual es más compleja y cohesionada ideológicamente, lo que podría retrasar un colapso inmediato. No obstante, factores como el deterioro económico, protestas sostenidas, intervención extranjera o la eventual muerte del líder supremo podrían alterar la cohesión interna. Una deserción significativa en niveles bajos o medios de las fuerzas de seguridad representaría un riesgo estructural para la estabilidad del régimen.
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