La normativa busca reforzar los mecanismos de prevención e identificación de conductas antisemitas, sin crear nuevos delitos ni establecer penas adicionales. Su aprobación llega en un contexto preocupante: el Observatorio del Antisemitismo de Italia registró 963 incidentes en 2025, aproximadamente un 10 % más que el año anterior.
La decisión también generó controversia. Amnistía Internacional la calificó como “un día sombrío para la libertad de expresión”, al advertir que podría afectar las críticas legítimas a Israel. Sus defensores, en cambio, sostienen que combatir el antisemitismo no implica prohibir los cuestionamientos a las políticas del Gobierno israelí.

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