por Soeren Kern • 18 de Febrero de 2016
El canal de televisión N24 ha informado que hasta un 50% de los "solicitantes de asilo" se han escondido y que se desconoce su paradero. Probablemente se trata de migrantes económicos y otros que están tratando de evitar la deportación cuando sus solicitudes de asilo sean rechazadas.
Decenas de miles de migrantes destruyeron sus pasaportes y otros documentos de identidad antes de su llegada a Alemania. Puede tardar años para que las autoridades alemanas determinen las verdaderas identidades de estas personas y sus países de origen.
Incluso si Alemania envía a estas personas de regreso a los países por los que cuales entraron en la Unión Europea (por lo general Grecia, Hungría o Italia), con una Europa sin fronteras, los migrantes pueden fácilmente regresar a Alemania.
Las autoridades alemanas están minimizando la anarquía, aparentemente para evitar alimentar el sentimiento anti-inmigración.
Los migrantes continúan llegando a Alemania, a razón de unos 2.000 por día.
"Ocho a diez millones de migrantes todavía están en camino". – Ministro de Desarrollo Gerd Müller.
Izquierda: Una nueva encuesta muestra que casi la mitad de los alemanes quiere la dimisión de la canciller Ángela Merkel debido a su política migratoria de puertas abiertas. Derecha: La Interpol tiene datos de 250.000 pasaportes sirios e iraquíes robados o perdidos, incluyendo pasaportes que están en blanco.
Después de tres meses de luchas políticas internas, el gobierno de coalición de Alemania ha anunciado nuevas medidas destinadas a facilitar la deportación de migrantes condenados por haber cometido crímenes.
Las medidas surgieron como respuesta a la indignación de los votantes ante las agresiones sexuales cometidas por migrantes contra cientos de mujeres en Colonia y otras ciudades alemanas en la víspera de Año Nuevo — y los presuntos intentos por parte del gobierno y de los medios de comunicación para encubrir los crímenes.
El proyecto de ley conocido como el "Paquete de asilo II" (Asylpaket II), fue anunciado por el gabinete el 28 de enero y ahora debe ser aprobado por el Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán, para su entrada en vigor.
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