Mientras Israel combate en múltiples frentes y entierra a sus soldados caídos, el Tribunal Superior de Justicia emitió esta semana una de las órdenes más drásticas en la historia interna israelí: exige al gobierno que imponga sanciones económicas inmediatas a todos los hombres ultraortodoxos que evaden el servicio militar — y que lo haga en plazos que van de 21 a 35 días.
Los números que motivaron la orden son contundentes. Desde que el tribunal dictaminó en 2024 que los hombres ultraortodoxos estaban obligados a alistarse — tras expirar la ley que permitía exenciones generales — se emitieron más de 79.000 órdenes de reclutamiento a la comunidad haredi. De esos 79.000, solo 2.100 se alistaron. Y entre enero de 2025 y enero de 2026, la policía arrestó de manera proactiva por evasión a 17 personas. Diecisiete en doce meses.
El tribunal lo dice sin rodeos: la policía "no está actuando de acuerdo con sus obligaciones" de arrestar a los desertores y esa situación es "inaceptable."
Las sanciones concretas que ordena el tribunal son económicas y directas: el Consejo de Tierras de Israel tiene 21 días para condicionar los descuentos en compra de propiedades al alistamiento. El Ministerio de Trabajo tiene 21 días para condicionar los subsidios de guarderías y cuidado infantil. El Ministerio de Transportes tiene 35 días para estudiar cómo condicionar los descuentos en transporte público. Y el Ministerio del Interior tiene 35 días para evaluar si los descuentos en impuestos municipales pueden condicionarse al servicio militar. El gobierno debe informar al tribunal antes del 1 de junio sobre la implementación.
El trasfondo político de esta orden es explosivo. El gobierno de Netanyahu depende de los partidos ultraortodoxos — Degel HaTorá y Agudat Israel — para su coalición. Esos partidos han bloqueado sistemáticamente cualquier legislación que obligue a sus comunidades al servicio militar. El tribunal ya falló en 2024 que las exenciones eran inconstitucionales. El gobierno no cumplió. Ahora el tribunal le saca los dientes con sanciones económicas que tocan lo más sensible para las familias haredíes: vivienda, transporte, guarderías.
La tensión entre el Israel que lucha y muere en múltiples frentes — en Gaza, en el Líbano, frente a Irán — y el Israel ultraortodoxo que estudia en yeshivá con financiamiento estatal mientras otros van a la guerra, es una de las fracturas más profundas de la sociedad israelí. El Tribunal Superior acaba de decidir que esa fractura ya no puede seguir siendo ignorada por ningún gobierno, independientemente de sus alianzas de coalición.

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