EL TERCER MANDATO ILEGITIMO DE MADURO
Washington, Bruselas y Londres deberían ajustar los tornillos sobre el régimen de Caracas.
Por la Junta Editorial
Enero 6, 2025
TRADUCIDA POR Marcela Lubczanski
Un nuevo mandato de Maduro perpetuaría a un régimen responsable de un colapso económico prácticamente sin paralelo en tiempos de paz, y de una ola de represión que ha encarcelado a un estimado de 1,800 prisioneros políticos y provocó un éxodo de cerca de 8 millones de refugiados en el exterior, más que el de Siria o Ucrania.
La oposición democrática, liderada por María Corina Machado, ha liderado una campaña valiente y pacífica contra el fraude de Maduro, proporcionando evidencia por medio de copias de las actas oficiales de las actas oficiales de las estaciones electorales para mostrar que el candidato de la oposición, Edmundo González, ganó la elección por un margen de más de dos a uno.
González ha estado viviendo en el exilio en España, pero ha prometido regresar a Venezuela y desafiar las amenazas de arresto para reclamar a presidencia el viernes, mientras que Machado ha estado organizando protestas desde un lugar secreto oculto.
Maduro, a pesar de las repetidas solicitudes de la comunidad internacional, no ha logrado producir ninguna evidencia para respaldar su victoria reclamada, respaldada por aliados tales como Rusia, China e Irán. En el poder desde el 2013, Maduro dependerá del ejército, la policía y los temidos servicios de inteligencia respaldados por Cuba para extender su régimen.
El tercer mandato ilegítimo del líder venezolano presenta a la administración Trump entrante uno de sus primeros grandes retos de política exterior. La administración Biden trató de negociar con Maduro, pero su política falló porque estuvo basada en la presunción ingenua que el líder venezolano renunciaría voluntariamente al poder. En su lugar, permitió a Maduro guardarse las concesiones de EE.UU. sobre las sanciones petroleras mientras no logra honrar sus propias promesas de una elección limpia.
La represión de Maduro desde el resultado fraudulento y su falla en tomar la oferta de negociación de Brasil y Colombia sugieren que él tiene intención de permanecer en el poder por tanto tiempo como el ejército venezolano le permita.
Trump debería resistir los cantos de sirena en las comunidades que tiene bonos petroleros que lo instan a lograr un acuerdo lucrativo con Maduro. En su lugar, el debería escuchar a figuras tales como Marco Rubio, designado secretario de estado, o Mike Waltz, su elección como asesor en seguridad nacional.
Ellos han abogado por impulsar a la oposición democrática y alejar el apoyo militar por Maduro mediante el endurecimiento de las sanciones sobre Venezuela. Estados Unidos debería empezar cancelando todas las licencias de sanciones concedidas por la administración Biden a Chevron y otras empresas petroleras, que les permiten operar en Venezuela.
La UE y el Reino Unido tienen un rol importante también. Ellos deberían extender las sanciones sobre los principales funcionarios venezolanos para reflejar la lista estadounidense, cerrar las lagunas legales que actualmente permiten a algunas figuras clave del régimen la oportunidad de gozar de los activos y viajes a Europa.
Los argumentos que las sanciones no funcionarán son errados. Maduro teme a las sanciones más que a cualquier otra medida—tanto que su régimen aprobó una ley el año pasado ordenando la aplicación de sentencias de prisión de 25 años, la confiscación de toda propiedad y una prohibición política de por vida a cualquier venezolano que los defienda.
La mayoría de las duras medidas en el primer gobierno de Trump sólo entraron en efecto en el 2019 y fueron socavadas por las lagunas legales europeas y el cálculo (correcto) y del régimen que una administración Biden probaría ser más dócil.
El pueblo venezolano ha demostrado a través de las urnas un fuerte deseo de cambio político profundo. Ahora es el momento para que el Occidente y la América Latina democrática les de apoyo a todo pulmón ajustando los tornillos al régimen ilegítimo en Caracas.
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