La Knéset aprobó el 11 de mayo, por 93 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley destinado a juzgar a los responsables de la masacre del 7 de octubre. El texto, elaborado conjuntamente por miembros de la coalición y de la oposición, contempla la creación de un tribunal militar especial en Jerusalén y prevé cargos por crímenes contra el pueblo judío. En los casos más graves, incluso podría aplicarse la pena de muerte. Además, la futura ley impediría que los condenados sean incluidos en eventuales intercambios de prisioneros.
La iniciativa ha sido desarrollada junto a la Comisión de Derecho y Justicia, la Fiscalía del Estado y los organismos de seguridad, y supone para Israel un precedente histórico comparable únicamente con la legislación aprobada en 1950 para juzgar a los criminales nazis y sus colaboradores. Aquella norma permitió procesar delitos cometidos antes de la creación del Estado de Israel, fuera de su territorio y contra víctimas no israelíes, convirtiéndose posteriormente en la base jurídica del juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén, en 1961.
La nueva legislación sigue una lógica similar: adaptar el sistema judicial a crímenes considerados excepcionales por su dimensión y naturaleza. Los documentos preparatorios sostienen que el 7 de octubre no puede entenderse como una suma de asesinatos aislados, sino como un ataque sistemático dirigido contra la existencia misma de una comunidad nacional.
En ese contexto aparece el concepto de “kinocidio”, un término utilizado para describir el uso de la familia como objetivo estratégico de la violencia. Según esta interpretación, el propósito de la masacre habría sido destruir no solo vidas individuales, sino también los vínculos familiares, la continuidad generacional y el tejido de confianza que sostiene a una sociedad.
Esa tesis se ve reforzada, según el texto, por el reciente informe de la Comisión Civil integrada por juristas y expertos en derecho internacional, encargado de recopilar pruebas sobre la violencia sexual cometida durante los ataques. El informe sostiene que los abusos sexuales formaron parte sistemática de la ofensiva y no fueron episodios aislados.
Uno de los principales desafíos jurídicos reside en la enorme cantidad de pruebas audiovisuales existentes. A diferencia del Holocausto, donde los nazis intentaron borrar las huellas del exterminio, los ataques del 7 de octubre quedaron ampliamente documentados mediante cámaras corporales, transmisiones en directo y llamadas telefónicas difundidas en tiempo real.
Sin embargo, gran parte de ese material fue recogido en medio del caos y sin una cadena formal de custodia, lo que dificulta su validación judicial. Por ello, los impulsores de la ley defienden la necesidad de una mayor “flexibilidad probatoria”, permitiendo considerar fiables determinadas pruebas a partir de la convergencia de múltiples elementos independientes, evitando así que formalismos procesales conduzcan a absoluciones o impunidad.
El texto establece además una diferencia conceptual con el juicio de Eichmann y con la célebre interpretación de Hannah Arendt sobre la “banalidad del mal”. Según esta visión, los autores del 7 de octubre no actuaron desde la fría burocracia ni desde la obediencia mecánica, sino desde una violencia marcada por la implicación emocional, la exaltación y la exhibición pública de los crímenes.
La masacre no solo implicó asesinatos, sino también una puesta en escena deliberada del horror. Muchos de los actos fueron grabados y difundidos por los propios atacantes, amplificando su impacto psicológico y simbólico. Los agravantes, según el análisis, no se limitan a la violencia física, sino también al contexto en el que se produjo: ataques perpetrados ante familiares, hogares convertidos en escenarios de muerte y una aparente glorificación pública de los hechos.
Por ello, Israel considera que el futuro proceso judicial tendrá no solo una dimensión penal, sino también histórica y memorial. Igual que ocurrió con el juicio de Eichmann en 1961, el objetivo no sería únicamente dictar condenas, sino también construir un relato colectivo sobre el trauma sufrido y obligar al mundo a confrontar la magnitud de los crímenes cometidos.
Basado en el artículo de Ghila Piattelli publicado en Il Floglio
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