Del WSJ

 

Ruanda, Israel y la inversión del ‘Genocidio’

Cuando los defensores de Hamas acusan al estado judío, siguen un rastro que abrieron los hutus en 1993.

Por Adam Louis-Klein

Julio 22, 2026

Las acusaciones falsas de genocidio no son nada nuevo. En 1993 los intelectuales hutus en la Universidad Nacional de Ruanda acusaron de genocidio al Frente Patriótico Ruandés asociado a los tutsis. Ellos hicieron circular cifras infladas de víctimas en una carta abierta al Papa Juan Pablo II y otros. El FPR sí cometió crímenes de guerra, pero estas acusaciones fueron propaganda. Un año después, el régimen hutu llevó a cabo un genocidio de los tutsis.

El genocidio ruandés de 1994 fue un genocidio "anticolonial." Así como el ataque ddel 7 de octubre del 2023 fue vivado por muchos antisionistas como un levantamiento contra el imperialismo occidental, el genocidio ruandés usó acusaciones de genocidio para legitimar su propia ejecución.

Soy un antropólogo que estudia el indigenismo, el postcolonialismo y la violencia étnica. El 7 de octubre, había estado desconectado de la red durante meses, haciendo investigación de campo en el Amazonas. Cuando inicié sesión en mi computadora el 9 de octubre, me dí cuenta de en qué grado estos vocabularios se habían vuelto un arma contra Israel y el pueblo judío.

La acusación de genocidio contra Israel se ha extendido ampliamente desde el 7 de octubre, pero sus fuentes intelectuales raramente han sido analizadas. Cada gran versión de la acusación, aprendí, fluye desde un marco académico que presenta la acusación de genocidio en Gaza como consecuencia que Israel es un estado "de asentamientos colonial" fundado por europeos que no pertenecen al Medio Oriente. La red de académicos detrás de este encuadre—cuyas ideas influyen en organizaciones sin fines de lucro como Amnesty Inter­na­tional y B’Tselem—es espe­cialmente visible en el Diario de Investigación de Genocidio.

Esa pub­lic­a­ción ha propuesto cambiar, extender o rechazar la definición legal de genocidio consagrada en la Convención de Genocidio de 1948, formulada por el jurista judío Raphael Lemkin. A. Dirk Moses, el editor principal del diario desde el 2011, argumenta que es inútil distinguir el asesinato intencional de civiles del daño colateral causado por los ataques contra terroristas. Los estados coloniales son fundados sobre el despojo, argumenta él—y cuando los pueblos indígenas "resisten," ellos simplemente son destruidos en el nombre de la seguridad.

Amnesty Inter­na­tional convierte la eliminación de las distinciones morales del Sr. Moses en una combinación novedosa: Israel alberga “doble intención,” un neo­lo­gismo interpretando a Israel como involucrada en una guerra legal y genocidio a la vez. Para un estado colonial permanentemente ilegítimo, incluso la legítima defensa legal significa genocidio.

Omer Bartov, un historiador israelí-estadounidense en la Universidad Brown, es el académico de más alto perfil en acusar a Israel de gen­o­cidio. El afirma tener el apoyo de un elenco de personajes que van desde Raz Segal, quien menos de una semana después del 7 de octubre describió la historia entera de Israel como un genocidio en curso, a Amos Gold­berg, quien ha admitido más francamente que describir la esencia de Israel como genocida no no se ajusta a los criterios legales. Todos ellos ven a los israelíes como colonialistas.

Como en Ruanda, el anti­co­lo­ni­al­ismo y la inversión del genocidio han convergido. Israel es imaginada no sólo como un estado acusado de genocidio, sino como un pueblo cuya identidad como colonos extranjeros hace del genocidio su destino.

Cuando un movimiento hutu se embarcó en la revolución violenta en 1959, enmarcó a la minoría tutsi como satélites europeos que no pertenecían a Ruanda. Esta creencia tenía un nombre y un pedigrí: la hipótesis hamítica, una teoría de la era colonial que sostenía que las civilizaciones avanzadas de Africa fueron la obra de invasores foráneos. Proyecta a los tutsis como una raza cuasi-europea que había migrado al sur desde el Nilo o Arabia, y la idea siguió siendo potente. Durante el genocidio, los perpetradores arrojaron a los tutsis al Río Nyabar­ongo para “enviarlos de regreso al Nilo.” El origen europeo de la hipótesis ha sido utilizado para culpar a Europa en parte por el genocidio ruandés, una posición sostenida por el antropólogo Mah­mood Mam­dani, cuyo hijo es alcalde de New York.

En el 2025 el experto legal Avraham Rus­sell Shalev argumentó que el 7 de octubre reúne el criterio riguroso de la Convención de Genocidio. Aunque el ataque por parte de Hamas fue más chico en escala que muchos genocidios históricos, el Sr. Shalev mostró que la definición se basa en la intención de aniquilar a un grupo protegido y actos, incluido el asesinato de civiles, emprendidos para lograrlo. Que el ejército de Israel repeliera el genocidio pretendido de Hamas, no altera la clasificación.

En el período posterior al genocidio de 1994, Alison Des Forges, entonces asesora principal de Human Rights Watch, apuntó a la inversión del genocidio como un medio central de justificar el genocidio contra los tutsis. En el discurso tal como el discurso de 1992 del extremista hutu Léon Mugesera, los tut­sis fueron proyectados como invasores inclinados al exterminio de los hutus. Tales acusaciones falsas—espe­cialmente las que toman como blanco a una población con la culpa colectiva—llegan a ser reconocidas en casos posteriores en los tribunales como indicadores claves de incitación al genocidio.

Los tribunales internacionales raramente han perseguido los casos de incitación, pero incontables casos de inversión de genocidio contra Israel han inundado la esfera pública desde el 7 de octubre. Ya sea dirigido contra los tutsis en Ruanda o contra los israelíes—ahora proyectados como colonizadores genocidas por una cohorte de académicos y grupos activistas sin fines de lucro antisionistas—describir a un pueblo como usurpadores foráneos y perpetradores inherentes no es neutral. Es un preludio bien reconocido a la violencia.