domingo, 27 de septiembre de 2026

DEL WSJ

 

La 'ley' internacional contra Israel

Un tribunal en La Haya considera reducir la definición de genocidio para dañar al estado judío.


Por Barton Swaim
Septiembre 23, 2026
imageNavi Pillay in Geneva, Sept. 16, 2025. fabrice coffrini/Agence France-Presse/Getty Images
El esfuerzo audaz y encomiable de la administración Trump para desmantelar la Corte Penal Internacional atraerá menos atención de la que merece. La CPI en el 2020 lanzó una investigación de soldados de EE.UU. que acusó habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. En el 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto para el primer ministro israelí Ben­jamin Net­an­yahu y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant, bajo la afirmación falsa que Israel había cometido crímenes contra la humanidad.
Filtraciones del Departamento de Estado sugieren que la administración cumplirá su intención de imponer amplias sanciones contra la CPI, quitándola en efecto del sistema bancario estadounidense.
Mientras tanto otra institución, la Corte Internacional de Justicia, destinada a dirimir disputas entre naciones-estados, parece dispuesta a incurrir en sus propias perversiones antiisraelíes. El caso relevante de la CIJ esta semana concierne a la afirmación de Gam­bia que Mianmar perpetuó genocidio contra su minoría rohinga desde el año 2016 hasta el 2018. Gam­bia, un estado pequeño en Africa Occidental, representa a los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica al acusar a Mianmar, una nación de mayoría budista en Asia Sudeste, de intentar eliminar a su población rohinga.
La mayoría de los observadores consideran sólido el caso de Gam­bia, al menos según la letra de la Convención de Genocidio de Naciones Unidas de 1948, la cual define ese término como uno de cinco "actos cometidos con intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso." La campaña feroz de Mianmar contra los rohingas, que involucra ejecuciones masivas, aldeas incendiadas, y cientos de miles de desplazamientos forzosos, podría llevar a una persona razonable a asignar intención genocida. Pero la intención no es fácil de probar. 
Ahí es donde entra Sudáfrica, con su caso desacreditable contra Israel. Menos de tres meses después del 7 de octubre del 2023, cuando Hamas lanzó su ataque sanguinario contra los civiles israelíes, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio en la CIJ. El caso no tiene mérito, excepto en las mentes de los profesores de derecho activistas, líderes de organizaciones no gubernamentales radicales y, tristemente, el gobierno fanáticamente antiisraelí del primer ministro irlandés Micheál Mar­tin.
Por sí solo, el caso de Sudáfrica probablemente no llegaría a ningún lado. En Gaza, Israel trató de minimizar las víctimas civiles aun cuando Hamas ocultaba a sus combatientes en una red de túneles debajo de hospitales, escuelas y vecindarios. Y un gobierno deseando perpetrar genocidio no envía cantidades masivas de ayuda humanitaria a los civiles que quiere destruir. O los israelíes son idiotas o no cometieron genocidio.
Hasta ahora, la CIJ ha requerido para determinar la existencia de genocidio ya sea prueba de intención o un "patrón de conducta" tan consistente que no deje ninguna otra "inferencia razonable." Bajo ese criterio, aun si se asumes la verdad de cada difamación contra Israel respecto a su campaña en Gaza, la evidencia de intención apunta en la dirección opuesta.
Pero supongan que rebajaran el umbral para probar genocidio. En ese caso ustedes podrían montar un argumento para el genocidio israelí suficientemente plausible como para convencer a una mayoría de los 15 jueves de la CIJ. Un grupo de funcionarios jurídicos de la ONU, liderados por Navi Pillay de Sudáfrica y respaldados por Irlanda, quiere que el tribunal aligere la caarga de probar el genocidio en el caso de Gambia y Mianmar para hacer que las acusaciones se apeguen al caso de Sudáfrica contra Israel.
La CIJ puede votar sobre esa cuestión tan pronto como el jueves. "El tribunal podría encontrar legítimamente su camino a un genocidio fallando contra Mianmar sin cambiar el requerimiento de la 'inferencia razonable,' dice Alan Kes­sel, un ex asesor legal del gobierno en Canadá. Pero cambiar el umbral legal facilita el caso contra Israel. Prioridades.
La Sra. Pil­lay presidió una comisión de la ONU de tres personas cuyo informe final interpretó las acciones israelíes desde el año 2021 al año 2025 de la peor manera posible y presentó el ataque del 7 de octubre de Hamas como un lamentable hecho secundario. La palabra genocidio se aplica apropiadamente a las acciones israelíes en Gaza, dice el informe de la Sra. Pillay, porque "las fuerzas de seguridad israelíes estaban al tanto que sus operaciones militares desde el 7 de octubre del 2023 causarían las muertes de palestinos en Gaza."
¿La consciencia del potencial para daño colateral equivale a genocidio? Si es así, el término no significa nada. Todo ejército que haya lanzado alguna vez una operación tuvo alguna consciencia que sus accciones podrían ocasionar muertes de civiles. Si la CIJ, y por extensión el aparato entero del derecho internacional apoyado por la ONU, baja la carga de probar el genocidio de forma tan drástica como esa, no espera terminar las demandas presentadas por los chacales transnacionales contra Estados Unidos y sus aliados alegando genocidio.
El episodio entero permite un recordatorio sombrío que el odio al judío reside en las altas esferas. No estoy completamente convencido que el término genocidio, acuñado en 1944, se aplique apropiadamente a más de un crimen en la historia, el Holo­causto, pero la campaña de Mianmar contra los rohingas podría calificar para una persona razonable. Noten, sin embargo, que la única razón por la que atrae la atención tiene que ver con lo que Israel podría haber hecho en Gaza, no con lo que Hamas, con intenciones abiertamente genocidas, hizo realmente en Israel.
Si la CIJ cambia las normas legales sólo para tener con qué arremeter contra Israel, la administración Trump haría bien en examinar críticamente a ese tribunal también.
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