Canadá acaba de anunciar otros 100 millones de dólares canadienses para asistencia a palestinos en Gaza y Cisjordania, llevando el apoyo canadiense desde octubre de 2023 a más de 600 millones.
El anuncio oficial señala que unos 80 millones serán destinados a ayuda humanitaria y otros 20 millones a iniciativas de seguridad y capacitación. Pero el debate vuelve a centrarse en una pregunta clave: ¿qué controles existen para garantizar dónde terminan finalmente estos recursos?
Columnistas y organizaciones de monitoreo han cuestionado durante años la transparencia y supervisión de parte de la ayuda canadiense, particularmente en relación con organismos y organizaciones que operan en los territorios palestinos. Algunas de esas acusaciones han sido disputadas y no prueban que el nuevo paquete esté siendo destinado a grupos terroristas.
Cuando se trata de cientos de millones de dólares públicos, la trazabilidad no debería ser una pregunta secundaria
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