Un tribunal administrativo egipcio ordenó el martes por la mañana la suspensión de la Asamblea Constituyente, el comité de 100 personas encargado de redactar la nueva Carta Magna del país árabe. La formación de la Asamblea hace un par de semanas motivó un nuevo enfrentamiento entre los Hermanos Musulmanes y las fuerzas laicas, que han optado por boicotear los trabajos de un comité al que acusan de estar monopolizado por los islamistas.
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El veredicto de la corte supone un duro golpe para la legitimidad de la Asamblea, ya cuestionada por la retirada de una treintena de sus miembros. El abogado del Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), el brazo electoral de los Hermanos Musulmanes, mayoritario en las dos Cámaras legislativas, censuró la sentencia, asegurando que "no tiene base jurídica", y anunció que la recurrirán. Así pues, seguramente, el contencioso terminará en la mesa del Tribunal Constitucional, retrasando el proceso de aprobación de la Carta Magna hasta después de las elecciones presidenciales.
La demanda fue presentada a la Corte Superior Administrativa por un grupo de prominentes abogados laicos, y argumenta que la formación de la Asamblea es inconstitucional, pues en ella no están propiamente representados todos los sectores de la sociedad egipcia. Por ejemplo, tan solo hay seis mujeres y seis cristianos coptos.
Tras la renuncia de Mubarak, el país vive una fase de transición gobernada por un marco legal excepcional, formado por una enmienda constitucional aprobada en referéndum, y una posterior "declaración constitucional" emitida por la Junta Militar. Este marco presenta muchas lagunas, por lo que las reglas sobre las que se asienta la transición se van perfilando y renegociando sobre la marcha. Es en este contexto que se debe interpretar la presente batalla legal a propósito de la Asamblea Constituyente.
La declaración constitucional se limita a señalar que corresponde al Parlamento la elección del comité encargado de redactar la nueva Constitución, sin ofrecer ninguna directriz o criterio sobre su composición. Según la interpretación de los laicos, el comité no debería incluir ningún diputado, sino estar formado exclusivamente por representantes de la sociedad civil. En cambio, los islamistas consideran que la declaración constitucional deja al Parlamento las manos completamente libres.
El legislativo optó por escoger una Asamblea Constituyente formada por 50 diputados y 50 representantes de la sociedad civil. Si bien los diputados del PLJ y la coalición salafista Nour —islamistas radicales— sólo suman 36 de los 100 miembros del comité, los partidos laicos sostienen que al menos la mitad de los representantes de la sociedad civil son de tendencia islamista, lo que otorga a esta ideología una cómoda mayoría, suficiente como para modelar la nueva Carta Magna a su antojo.
"Los islamistas tienen una definición raquítica de democracia, basada en el gobierno de la mayoría. Olvidan que también incluye el respeto a las minorías, sobre todo a la hora de redactar la Constitución", declaró a El PAÍS el analista político Khaled Dawud. Además de los diputados de tendencia laica, se han retirado del comité representantes de los colegios profesionales, de la iglesia copta, e incluso de Al Azhar, la más alta institución del Islam suní.
Durante la semana pasada, se celebraron varias rondas de negociaciones para poner fin a la crisis. Como salida de compromiso, la Hermandad aceptó sustituir a varios de sus representantes en el comité por legisladores o personalidades de ideología laica, otorgándoles una minoría de bloqueo. Sin embargo, los laicos rechazaron la oferta, pues prefieren volver a escoger de nuevo los 100 miembros de la Asamblea. Las negociaciones quedaron en punto muerto a la espera del veredicto de la justicia que, de momento, es favorable a los laicos.
La crisis de la Constitución sucede al mismo tiempo que se eleva la tensión política en el país a causa de la cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para finales de mayo. Según los expertos, los comicios estarán dominados por el enfrentamiento entre Jairat al Shater, el candidato de los Hermanos Musulmanes, y Omar Suleimán, el aspirante apoyado por el ejército. Las relaciones entre estas dos instituciones, las más poderosas del país, se han deteriorado durante las últimas semanas.El Pais
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