El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para impulsar el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional (CPI).
La estrategia contempla aumentar las sanciones contra funcionarios del tribunal, restringir su ingreso a Estados Unidos y presionar a países aliados para que abandonen el organismo.
Washington sostiene que la CPI representa una amenaza para su soberanía al atribuirse facultades para investigar a militares y funcionarios estadounidenses. 
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