Por qué estamos desmantelando la Corte Penal Internacional
Estados Unidos nunca aceptó un tribunal internacional que puede superar a nuestros propios tribunales y a la Constitución.
Por Marco Rubio
Julio 13, 2026
A la mayoría de nosotros le costaría imaginar un mundo en el cual los soldados, oficiales de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos estadounidenses pudieran ser llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países al azar a lo largo del planeta, encontrados culpables en virtud de leyes internacionales que ni consentimos ni controlamos, y luego encarcelados a miles de millas de distancia de Estados Unidos de América.
Pero eso es lo que la Corte Penal Internacional ahora afirma tener el poder de hacer.
La CPI nació a principios de siglo. Al principio fue promocionada como un margen estrecho para procesar los crímenes más graves. Ahora la CPI y sus aliados buscan un tribunal mundial permanente con alcance casi ilimitado, empoderado para anular a los tribunales y constituciones de Estados Unidos y otros estados soberanos--y procesar y arrestar a nuestros ciudadanos.
Los estadounidenses nunca aceptamos nada de esto. Nuestros dos grandes partidos políticos se opusieron a la perspectiva de entregar a un tribunal mundial distante el poder de procesar y encarcelar a nuestros propios ciudadanos. El Presidente Clinton rechazó enviar el Estatuto de Roma (el estatuto fundador de la CPI) al Senado para su ratificación debido a sus "preocupaciones acerca de defectos significativos en el Tratado." Dos años después, una supermayoría bipartidista del Senado aprobó el Acta de Protección de los Miembros del Servicio Etadounidenses, autorizando al presidente a "utilizar todos los medios necesarios"--incluida la fuerza militar--para impedir que la CPI detenga o arreste estadounidenses.
Los estadounidenses se encontraron en la mira de todos modos: En el 2020 la CPI lanzó una investigación de lo que la fiscal principal Fatou Bensouda de Gambia describió como "crímenes de guerra por parte de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán, declarando que el gobierno de Estados Unidos no había procesado a suficientes soldados estadounidenses como para satisfacer a la corte. En efecto, la Sra. Bensouda se estuvo ungiendo a sí misma como la jueza final de la política militar estadounidense y del sistema entero de justicia de Estados Unidos.
La investigación de Afganistán fue tan sólo el movimiento de inicio en el ataque contra el autogobierno estadounidense. La CPI es respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales izquierdistas, globalistas presumidos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos.
En la segunda administración Trump estos llamamientos han seguido creciendo. El año pasado, importantes grupos activistas instaron a funcionarios internacionales de alto rango a "tomar acciones inmediatas y significativas" contra las deportaciones por parte de la administración Trump de criminales violentos a El Salvador. Meses después, un ex fiscal principal de la CPI declaró que los ataques del Presidente Trump contra los narcoterroristas equivalían a "un crimen contra la humanidad" y deberían ser tratados como tal en virtud de la ley internacional--una línea que fue repetida por los líderes de Naciones Unidas, e importantes organizaciones no gubernamentales izquierdistas, funcionarios y políticos del Partido Demócrata. En marzo, Democracy for the Arab World Now (Democracia para el Mundo Arabe Ahora) con sede en Washington instó al régimen iraní a solicitar una investigación de la CPI de "aparentes crímenes de guerra" cometidos por las tropas estadounidenses.
Los esfuerzos de Estados Unidos para repeler las intervenciones ilegítimas de la CPI han sido encuadrados como una razón adicional para que la CPI tome como blanco a los estadounidenses. Cuando 12 senadores de Estados Unidos escribieron al fiscal de la CPI acerca de sus preocupaciones, la oficina del fiscal los acusó de crímenes. Cuando el Sr. Trump impuso sanciones contra el personal de la CPI, un ex director de Human Rights Watch dijo que "todos los 125 estados miembros de la CPI tendrían un deber legal de arrestarlo si él se asomara."
Es sólo cuestión de tiempo hasta que la CPI empiece a cumplir estas amenazas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que están trabajando para sacar a los criminales violentos de nuestro país, los Marines de Estados Unidos que están arriesgando sus vidas para restaurar el orden en el hemisferio occidental, los fiscales federales que están trabajando para desmantelar las redes terroristas que traman ataques contra la patria estadounidense--todos enfrentarían el riesgo constante de persecución por el "delito" de defender nuestro país.
La interferencia de la CPI con las operaciones militares y policiales estadounidenses no es sólo un exceso grave de sus supuestas autoridades. Significaría la muerte de Estados Unidos como una nación soberana e independiente. Nuestra decisión y nuestro pueblo estarían a merced de la CPI y sus colaboradores en la "comunidad internacional." Aceptar a la CPI es renunciar al control de nuestro destino nacional.
Tal vez naciones más educadas y dóciles podrían aceptar ese acuerdo. Pero esto es Estados Unidos de América. Nuestros patriarcas combatieron una revolución contra una potencia extranjera "transportándonos más allá de los Mares para ser juzgados por supuestos delitos." La independencia es nuestro derecho de nacimiento. No tenemos intención de cambiarla por el gobierno por parte de un sacerdocio auto-nombrado del "derecho internacional."
La administración Trump siempre protegerá a los soldados estadounidenses de esta amenaza. Estados Unidos está iniciando una campaña diplomática con un mensaje simple--estados soberanos por sobre el globalismo. Los que se benefician de la seguridad estadounidense no deben permanecer impasibles mientras los que proporcionan esa seguridad son atacados. Este es apenas el inicio. Usando todas las herramientas a la disposición de nuestro gobierno, trabajando aparte con todo aliado con quien podamos hacer causa común, desmantelaremos a la CPI--ladrillo por ladrillo, si es necesario.
El Sr. Rubio es secretario de estado de Estados Unidos.
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