Las sanciones británicas apenas se perciben: el Ministerio de Economía estima que las exportaciones desde Judea y Samaria al Reino Unido y a los otros 11 países que se sumaron a la medida ascienden a solo unos 34 millones de dólares, una fracción mínima del total de las exportaciones israelíes, que rondan los 44.000 millones de dólares.
Las autoridades económicas dejan claro que el daño a la economía israelí es insignificante; sin embargo, el gran absurdo de estas iniciativas de boicot europeo radica en quiénes resultarán perjudicados: unos 18.000 trabajadores palestinos empleados en fábricas israelíes de Judea y Samaria. Su sustento depende totalmente de la continuidad de la actividad, y cualquier golpe al sector industrial les afectará, ante todo, a ellos.
Israel, por supuesto, no dejó pasar la situación sin respuesta. En represalia, anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén, la retirada de los representantes británicos del centro de ayuda internacional para Gaza en Kiryat Gat y la prohibición de entrada a Israel para varios políticos. «No regresamos a nuestra tierra tras 2.000 años para perderla bajo la presión de yihadistas, islamistas, antisemitas y defensores de la ideología *woke*. No solo no nos harán daño, sino que se perjudicarán a sí mismos y a su propia influencia», declaró el ministro de Asuntos Exteriores.
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