El régimen iraní habría llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales de manifestantes heridos dentro de hospitales y detenido a numerosos profesionales médicos acusados de atender a víctimas de la represión, según denuncias realizadas por un médico iraní al Jerusalem Post.
Las acusaciones se producen en el contexto de una de las represiones más severas registradas en el país desde la Revolución Islámica de 1979.
El Dr. R, miembro de la Alianza de Salud Aida cuyo nombre permanece en reserva por motivos de seguridad, afirmó que fuerzas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ingresaron en hospitales para identificar y eliminar a manifestantes heridos. Según su testimonio, varios pacientes fueron hallados muertos en sus camas, aún conectados a respiradores y catéteres, con disparos en la cabeza. El médico sostiene que las víctimas fueron asesinadas dentro de los centros médicos y que posteriormente las autoridades falsearon las causas de muerte.
El Jerusalem Post indicó que no pudo verificar de manera independiente las imágenes compartidas por la fuente, aunque señaló que los relatos coinciden con informes de organizaciones como Iran Human Rights (IHRNGO). El director de esta ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam, acusó al régimen de convertir hospitales en “instrumentos de represión”, denunciando el cierre deliberado de respiradores, la negación de atención médica y el arresto de pacientes como posibles crímenes de lesa humanidad. Asimismo, instó a la Organización Mundial de la Salud a investigar estas denuncias.
El Dr. R también señaló que las fuerzas de seguridad utilizaron instalaciones médicas y escuelas para localizar y detener a manifestantes. En los primeros días de las protestas, algunos hospitales habrían sido evacuados para priorizar la atención a miembros del CGRI, poniendo en riesgo a pacientes civiles.
La represión se vio agravada por un apagón de comunicaciones impuesto el 8 de enero, cuando el gobierno restringió severamente el acceso a internet y a las líneas telefónicas fijas. Según el médico, esta medida impidió que personas con emergencias médicas —incluidos ancianos con infartos y mujeres en trabajo de parto— pudieran solicitar ambulancias. El número de fallecidos por esta causa no ha sido determinado.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 24.000 personas habían sido detenidas hasta el 24 de enero, entre ellas menores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El personal sanitario también ha sido blanco de la represión. Según el Dr. R, numerosos médicos han sido arrestados, interrogados, torturados e incluso condenados por brindar asistencia a heridos. Las autoridades exigirían a los hospitales reportar lesiones relacionadas con protestas y, en algunos casos, seguirían a los médicos hasta sus domicilios para verificar si atendían pacientes en privado. Esta situación ha llevado a que muchos heridos eviten acudir a centros médicos por temor a ser detenidos.
El médico relató el caso de un adolescente que murió tras recibir un disparo y no ser trasladado a un hospital por razones de seguridad. También afirmó que muchas personas permanecen en sus hogares con heridas de bala sin tratar, algunas con infecciones graves, debido al temor a represalias.
La Alianza de Salud Aida, creada tras las protestas de 2022 desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, intenta brindar apoyo médico y psicológico, aunque su capacidad se ha visto limitada por arrestos y exilios forzados de sus miembros. Según el Dr. R, incluso las farmacias han estado vigiladas para identificar a quienes adquieren antibióticos o vacunas antitetánicas.
Citando reportes de medios disidentes, el médico indicó que el número de muertos en determinados días de represión podría ascender a decenas de miles, aunque estas cifras no se han verificado de forma independiente. Añadió que el impacto psicológico es profundo y generalizado, con denuncias de suicidios y la existencia de presuntas fosas comunes donde se enterrarían cuerpos sin identificar.
Las acusaciones dibujan un panorama de severa crisis humanitaria y sanitaria en Irán, en medio de restricciones informativas que dificultan confirmar la magnitud real de los hechos.
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