La conspiración del 11/S de Zohran Mamdani
El acusa un encubrimiento de los efectos en la salud, a pesar de la respuesta del Congreso.
Por la Junta Editorial
Septiembre 9, 2026
No importa lo que piense el alcalde de la Ciudad de New York, Zohran Mamdani, acerca del 25º aniversario del 11/S, él no está dejando que pase sin aprovecharlo. El martes publicó unas 170,000 páginas de documentos municipales que él afirma muestran que los funcionarios "mintieron" acerca de los riesgos de la exposición a los tóxicos. Esta es historia revisionista.
“Estos son documentos que muestran lo que la ciudad sabía acerca del aire tóxico alrededor del Ground Zero, cuando lo supieron, y cómo actuaron para limitar la responsabilidad," dijo el Sr. Mamdani a la prensa. "La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar el aire tóxico.”
El Sr. Mamdani, quien era un niño el 11/S, sugiere un gran encubrimiento porque los funcionarios tranquilizaron a los neoyorquinos tras los ataques que el aire exterior era seguro, aun cuando las muestras del polvo interior alrededor del Ground Zero mostraron asbestos y otros contaminantes. Pero no hay contradicción. Las mediciones de la calidad del aire exterior en la época no excedieron los estándares de salud federales.
Las autoridades federales aconsejaron a los equipos de limpieza y a la gente que regresaba a sus hogares tras los ataques que tomen precauciones debido a que se desconocía la extensión de la contaminación en interiores—y los potenciales efectos a largo plazo para la salud. Los efectos totales se volvieron más claros con el tiempo a medida que los expuestos al polvo del Ground Zero desarrollaron enfermedades respiratorias crónicas y otros males.
En el 2010 el Congreso aprobó una ley que proporcionaba tratamiento médico, monitoreo de salud y compensación financiera para los equipos de primera respuesta y otros expuestos a las toxinas. El programa recuerda al Programa de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas que opera sin necesidad de establecer la culpa, en que la gente puede obtener compensación del gobierno por heridas si aceptan no demandar.
El programa compensa a los individuos por el daño económico causado por sus lesiones, incluyendo lucro cesante y costos médicos si pueden mostrar que estuvieron presentes dentro de una zona de exposición especificada entre el 11 de septiembre del 2001 y el 30 de mayo del 2002. Ellos pueden también recibir pagos por dolor y sufrimiento, con un límite de us$250,000 por cáncer y us$90,000 por otras condiciones.
Durante el 2025 han sido presentados unos 106,000 reclamos, con unos 71,000 pagados hasta ahora. Las indemnizaciones han totalizado us$16,800 millones desde el 2011. El programa ha tenido éxito en ayudar a las víctimas a obtener compensación más rápido que si acudían a la justicia. También ha evitado a la ciudad tener que enfrentar a un ejército de abogados demandantes buscando capitalizar el dolor y sufrimiento de las víctimas.
El equipo del Sr. Mamdani sacó a relucir un memorando municipal que estimaba que la ciudad podría enfrentar unas potenciales 35,000 demandas de "casos de daños por exposición a elementos tóxicos que podrían aumentar en las próximas décadas." El memorando dice que "una gran preocupación es que si estos casos llegan a la corte, los jueces y jurados estarán sesgados en favor de los demandantes (aun cuando la CIudad parece tener una defensa fuerte) y por lo tanto, otorgarán importantes indemnizaciones por daños para compensar a los individuos por su pérdida."
Tales reclamaciones podrían haber llevado a la bancarrota a la ciudad. Ese es en parte el motivo por el cual intervino el Congreso. El programa federal ha pagado a un número de demandantes que duplica el estimado del 2001 de la ciudad. Pero a los abogados de los demandantes les molesta que el programa limite sus honorarios al 10% de la indemnización, mucho menos del 30% a 40% que obtienen en acuerdos de honorarios condicionales.
El objetivo de la divulgación masiva de documentos por parte del alcalde parece ser incitar al Congreso a facilitar a los abogados litigantes demandar a la ciudad para que sus amigos abogados obtengan grandes beneficios económicos.
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