DEL WSJ

 

El plan pernicioso de la CIJ para redefinir el genocidio

La administración Trump puede pronto tener razones para desmantelar otro tribunal internacional.

Por Orde F. Kittrie y Andrés B. Muñoz-Mosquera

Septiembre 13, 2026

La administración Trump está trabajando para desmantelar la Corte Penal Internacional. Pero un tribunal diferente, la Corte Internacional de Justicia, podría volverse una amenaza más grande para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. La CIJ está decidiendo un caso, Gam­bia c. Mian­mar, que podría bajar drásticamente el umbral legal para el genocidio.

Este es el objetivo expreso de algunos defensores de la causa, ya que allanaría el camino para una conclusión de genocidio en el caso pendiente de Sudáfrica contra Israel. El umbral más bajo también desataría afirmaciones de genocidio contra Estados Unidos, otros miembros de la OTAN y sus funcionarios en tribunales internacionales. Lo haría en cortes extranjeras también, ya que al menos 90 países han promulgado la "jurisdicción internacional" por genocidio cometido en el extranjero por parte de extranjeros contra extranjeros.

Presionando a la CIJ para que baje el estándar probatorio están los equipos legales superpuestos de Gambia y Sudáfrica. Central para la campaña es Navi Pil­lay, nombrada por Gam­bia como jueza ad hoc en su caso. La Sra. Pil­lay, sudafricana, presidió una comisión de Naciones Unidas que en el 2025 afirmó que Israel cometió gen­o­cidio en Gaza. Sudáfrica presentó su caso ante a CIJ aun cuando la conducta de Israel no ha cumplido con la definición actual.

La Convención de Genocidio requiere pruebas de "intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal." En virtud de casos anteriores de la CIJ, la intención genocida puede ser demostrada directamente a través de la evidencia de un "plan genocida" o inferida a partir de un "patrón de conducta." Pero cuando la intención es inferida, la intención de destruir al grupo "debe ser la única inferencia razonable que puede ser trazada a partir del patrón de conducta."

Los argumentos clave presentados en los casos de Mianmar e Israel instan a la CIJ a reempazar ese estándar claro y alto con uno vago y políticamente maleable: un rango de "hechos y circunstancias" evaluados "integralmente y holísticamente." Adoptar un estándar inconsistente con la Convención de Genocidio excedería el rol judicial de la CIJ, transformándola en un órgano legislativo que reescribe el tratado.

Bajar el umbral es innecesario para encontrar que Mianmar cometió genocidio. Las fuerzas de Mianmar perpetraron supuestamente repetidas ejecuciones masivas de civiles rohinga, incluidos docenas de niños, poniéndolos en fila y matándolos a tiros o a machetazas. Mianmar dice que estas operaciones contrarrestaron el terrorismo.

En este caso, la intención gen­o­cida es la única inferencia razonable. Esto difiere fácticamente y legalmente de las muertes civiles causadas sin intención por ataques israelíes que tomaban como blanco a los combatientes de Hamas, particularmente dadas las precauciones de Israel y el uso documentado de escudos humanos por parte de Hamas.

El momento es importante. El juicio de Mianmar, esperado en octubre, establecería el umbral más bajo ante del juicio de la CIJ contra Israel. Cambiaría la norma primero en el caso menos observado contra Mianmar en lugar de inventarlo aparentemente para Israel.

Los activistas están particularmente ansiosos por bajar la norma porque el genocidio es a menudo la única vía práctica jurisdiccional que permite a la CIJ intervenir en una guerra. A diferencia de la Convención de Genocidio, ni las convenciones de Ginebra u otros tratados de derecho de la guerra proporcionan a la CIJ alguna jurisdicción. Como explicó un importante litigante de la CIJ, "los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad no pueden ser presentados ante la CIJ porque la corte no tiene ninguna jurisdicción," obligando al solicitante a "hacer encajar a la fuerza" las afirmaciones de genocidio, porque "es genocidio, o no es nada."

Las decisiones recientes de la CIJ elevan el incentivo permitiendo que cualquier miembro de la Convención de Genocidio con acceso a la CIJ reciba una orden 'provisional" restringiendo la campaña militar de otro miembro sin sufrir él mismo daño tangible y antes que el tribunal haya encontrado siquiera un caso posible que la campaña es genocida.

La avalancha inevitable de casos de genocidio de la CIJ aprovechará las debilidades estruc­turales del tribunal. Los estud­ios muestran que las decisiones de los jueces de la CIJ se correlacionan con los votos de sus países natales en la Asamblea General de Naciones Unidas. La CIJ puede emitir órdenes sólo a las naciones, no a los grupos terroristas. Sus medidas provisionales restringieron al ejército de Israel mientras admitía que no tenía ninguna autoridad sobre Hamas. Los miembros de la OTAN enfrentarían la misma asimetría contra otros grupos terroristas.

Estados Unidos afirma que su reserva lo protege de la jurisdicción de genocidio de la CIJ. Pero los aliados clave cuestionan eso—como lo hacen un número creciente de jueces de la CIJ. No obstante, las decisiones de la CIJ son tratadas como declaraciones autorizadas de normas de derecho internacional por parte de las agencias de la ONU, la CPI y tribunales nacionales extranjeros.  Entonces un estándar más bajo inevitablemente ayudaría a las afirmaciones débiles de genocidio a ganar tracción contra Estados Unidos en esos otros lugares.

China ya usa extensamente la guerra jurídica en tribunales extranjeros contra sus críticos. Una campaña impulsada en secreto por China podría usar el estándar más bajo de genocidio para iniciar la guerra legal contra EE.UU. y los funcionarios aliados en tribunales extranjeros afirmando que tienen jurisdicción universal. Estos casos de gen­o­cidio cargarían a las democracias que acatan el imperio de la ley más que a las autocracias. Incluso las afirmaciones débiles de genocidio podrían afectar seriamente a la OTAN. Mientras tanto, las órdenes de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra han tenido poco impacto.

Los jueces de la CIJ que votarían por bajar el umbral de genocidio dañarán la credibilidad del tribunal, invitarían una avalancha de casos politizados, y recortarían la capacidad de las democracias de combatir a los terroristas y autócratas. La administración Trump probablemente responderá imponiendo sanciones sobre los jueces, como ya ha hecho con los funcionarios de la CPI.

El Sr. Kit­trie es un profesor de derecho en la Universidad Estatal de Arizona, miembro veterano en la Found­a­tion for Defense of Demo­cra­cies y ex abogado del Departamento de Estado. El Sr. Munoz-Mos­quera es un académico distinguido en el Boston Col­lege. El se desempeñó como asesor legal principal del comandante aliado supremo de la OTAN desde el 2014 al 2025.