El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ataca de nuevo
Por Clifford D. May
"El problema de fondo es que siga existiendo una institución tan orwelliana como el CDH. Se suponía que la ONU contribuiría a prevenir el 'flagelo de la guerra' y a 'promover los derechos humanos'. Setenta y cinco años después de su fundación, suele ser un oneroso obstáculo para ambas cosas"
Una pregunta: ¿qué tienen en común Mauritania, Somalia, Qatar, Pakistán, Libia y Venezuela? Una respuesta: todas son tierras gobernadas por violadores crónicos de los derechos humanos más elementales. Y, ah, sí: todos son miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No es una mera coincidencia. Los miembros del CDH no tienen por qué preocuparse por ser criticados por el CDH. La membresía tiene un privilegio adicional: confiere licencia para calumniar a Israel, el único Estado de Oriente Medio que verdaderamente garantiza los derechos a todos sus ciudadanos por igual, sean judíos, árabes, musulmanes, cristianos o drusos. El CDH ha condenado a Israel más que a todas las demás naciones del mundo juntas. No ha aprobado ni una sola resolución de condena contra China, Rusia, Cuba o Zimbabue.
En 2018, la Administración Trump retiró a EEUU del CDH. La entonces embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, dijo que el organismo multinacional protegía a quienes “abusan de los derechos humanos” y que era una “cloaca de sectarismo político”. Y añadió: “Estados Unidos no debería darle el menor crédito”.
EL CDH no ha mejorado desde entonces. Recientemente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó una lista negra de 112 empresas que operan en la Margen Occidental; 94 son israelíes; seis, estadounidenses, y el resto de otros países.
“Estoy indignado”, reaccionó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. “Pedimos a todos los Estados miembros de la ONU que se unan a nosotros en el rechazo a esta medida, que facilita la discriminación de Israel mediante la campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS) y lo deslegitima. Los intentos de aislar a Israel van en contra de todos nuestros esfuerzos por construir unas condiciones propicias para unas negociaciones israelo-palestinas que conduzcan a una paz integral y duradera”.
Como sabrán, lo que llamamos Margen Occidental fue durante siglos una posesión del Imperio Otomano. A principios del siglo XX se hizo cargo de ella el Imperio Británico. Durante la guerra árabe-israelí de 1948, los jordanos se hicieron con el territorio, lo rebautizaron (no les importó demasiado su antiguo nombre: Judea y Samaria) y expulsaron a los judíos –y profanaron sus lugares religiosos–. Los israelíes capturaron la Margen a Jordania en su guerra defensiva de 1967.
De modo que cuando se dice que la Margen Occidental es “territorio palestino ilegalmente ocupado” no se está exponiendo un hecho sino profiriendo una afirmación muy útil para quienes andan librando la guerra jurídica contra Israel.
Si se quiere ser imparcial, hay que calificar la Margen Occidental como territorio en disputa. Ahora bien, con el transcurso de los años, los líderes israelíes han venido ofreciendo la entrega de más del 90% del mismo a los palestinos. ¿Qué han pedido a cambio? El reconocimiento de y la convivencia pacífica con el Estado judío.
Los líderes palestinos han rechazado todas esas propuestas. “No es un Estado judío”, insistió hace poco Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina.
De acuerdo con un informe publicado el mes pasado por la Foundation for Defense of Democracies (FDD), hay más de cien territorios en disputa u ocupados en todo el planeta, incluidas Crimea, el norte de Chipre, Cachemira, Nagorno Karabaj, el Tíbet y el Sáhara Occidental. La ONU y demás actores internacionales despliegan una serie de políticas para esos territorios y otras bien distintas para los territorios bajo control israelí. Eso tiene un nombre: tendenciosidad.
Al parecer, Bruno Stagno, “director ejecutivo adjunto para el activismo” de Human Rights Watch, se considera juez y jurado internacional. Así, ha afirmado que las empresas incluidas en la referida lista negra de la ONU están de ahora en adelante “bajo aviso: hacer negocios con asentamientos ilegales es ayudar a la comisión de crímenes de guerra”. Irónicamente, un portavoz de Bachelet adoptó un tono más comedido y manifestó que no se debía hablar de “lista negra” y que “no se califica la actividad de ninguna de esas empresas como ilegal”. Sin embargo, como el portavoz y su jefa deben saber, provocará llamadas al boicot de las compañías enlistadas, y se utilizará para justificar otras acciones hostiles de quienes ansían demostrar su apoyo a “la causa palestina” o su odio a Israel.
Este tipo de boicots perjudican a los palestinos, como mínimo, tanto como a los israelíes. Según un estudio de Palestinian Media Watch, “los palestinos prefieren trabajar para empresas israelíes” porque los israelíes pagan salarios cuatro veces más elevados que los palestinos y procuran otros beneficios –sanidad, vacaciones– que disfrutan igualmente los propios israelíes.
Por su parte, Orde Kittrie, experto jurídico de la FDD, señala que “el Derecho internacional no prohíbe los negocios en los territorios en disputa. (…) Esa es la opinión oficial de Naciones Unidas, expresada en un documento titulado Guía sobre el negocio responsable en áreas afectadas por conflictos o de alto riesgo: un recurso para compañías e inversores”.
El presidente Trump también podría hacer más, a partir de los pasos que ya ha dado para reparar el daño que la ONU ha causado a Israel en los últimos años.
El problema de fondo es que siga existiendo una institución tan orwelliana como el CDH. Se suponía que la ONU contribuiría a prevenir el “flagelo de la guerra” y a “promover los derechos humanos”. Setenta y cinco años después de su fundación, suele ser un oneroso obstáculo para ambas cosas.
© Versión original completa (en inglés): FDD© Versión en español: Revista El Medio
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