El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el lunes una orden ejecutiva de la administración Biden, renovando las sanciones contra los miembros de la Corte Penal Internacional en La Haya que investiguen a las tropas estadounidenses, al tiempo que emitió una serie de órdenes para comenzar de inmediato a implementar sus políticas de línea dura y deshacer las de su predecesor.
Biden había revocado una orden ejecutiva que Trump había emitido contra la CPI en 2020 durante su primer mandato, bloqueando la propiedad y los activos estadounidenses de cualquier funcionario de la CPI que investigue a las tropas estadounidenses, mientras el tribunal examinaba presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.
Israel ha estado instando a Trump a que sancione a la CPI por las órdenes de arresto que emitió contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de defensa Yoav Gallant. El Congreso ha estado avanzando con sus propias sanciones contra la corte, pero el esfuerzo aún debe ser aprobado por un Senado dividido.
Las sanciones de 2020 se implementaron debido a los esfuerzos de la corte para investigar a las tropas estadounidenses y a los funcionarios de inteligencia por posibles crímenes de guerra en Afganistán.
Ni Estados Unidos ni Israel son partes de la corte y, por lo tanto, argumentan que no tiene jurisdicción para investigarlos.
A principios de mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI en protesta por su decisión de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por la campaña de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza.
Los legisladores votaron 243 - 140 a favor de la “Ley de Contrarrestación de Tribunales Ilegítimos”, que instaría a sancionar a cualquier funcionario de la CPI o entidades que respalden a La Haya promoviendo “cualquier esfuerzo para investigar, arrestar, detener o procesar a cualquier persona protegida de los Estados Unidos y sus aliados”.
Las sanciones incluyen el bloqueo o la revocación de visas y la prohibición de transacciones de propiedades estadounidenses.
La legislación establece que Estados Unidos e Israel no son signatarios del Estatuto de Roma que creó la CPI, y en consecuencia no tiene jurisdicción sobre su conducta.
Cuarenta y cinco demócratas se unieron a 198 republicanos para respaldar el proyecto de ley. Ningún republicano votó en contra de la medida, pero uno se abstuvo y dijo después que la Cámara “no debería involucrarse en disputas entre otros países”, según The Times of Israel.
La votación en la Cámara, una de las primeras desde que se instaló el nuevo Congreso, subrayó el fuerte apoyo al gobierno de Israel entre los correligionarios republicanos de Trump, que ahora controlan ambas cámaras del Congreso.
"Estados Unidos va a aprobar esta ley porque un tribunal irregular intenta arrestar al primer ministro de nuestro gran aliado, Israel", dijo el republicano de Florida Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, en un discurso en la Cámara antes de la votación.
La legislación aún debe ser aprobada en el Senado, donde tendrá más dificultades, aunque el recién nombrado líder de la mayoría republicana, John Thune, ha prometido una rápida consideración para que Trump pueda convertirla en ley poco después de asumir el cargo.
Para que el Senado la aprueba, los republicanos necesitan reclutar el voto de unos siete demócratas, lo que puede ser difícil.
Los republicanos del Congreso han estado denunciando a la CPI desde que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su ex ministro de defensa Yoav Gallant por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza.
Las órdenes de arresto prohíben a Netanyahu y Gallant entrar en los 124 estados miembros de la CPI.
Se lo acusa de cometer crímenes de guerra dirigiendo ataques contra la población civil de Gaza y utilizar el hambre como método de guerra al obstaculizar el suministro de ayuda internacional.
El fiscal jefe Karim Khan también afirmó que cometieron crímenes contra la humanidad por asesinato, persecución y otros actos inhumanos como resultado de las restricciones que supuestamente impusieron al flujo de ayuda humanitaria.
Israel ha rechazado firmemente el contenido de las acusaciones, insistiendo en que ha canalizado cantidades masivas de ayuda a través de los cruces de la frontera de Gaza y que cualquier problema con la distribución de esa ayuda a la población civil palestina es resultado de operaciones ineficientes de las organizaciones de ayuda sobre el terreno, de dificultades derivadas del conflicto en el territorio y del saqueo de la ayuda por parte de Hamás y otras organizaciones terroristas.
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