(Advertencia: material sensible) del Jerusalem Post

 

La violencia sexual del 7 de octubre fue sistemática, documentada y procesable, argumenta nuevo informe

La Comisión Civil dice que Hamas y sus colaboradores convirtieron en armas los cuerpos, las familias y las plataformas digitales durante la masacre y cautiverio.

View of the damage caused by Hezbollah in Kibbutz Manara, on the Israeli border with Lebanon, December 2, 2024.(photo credit: ERIK MARMOR/FLASH90)Por Sarah Ben-NunMAYO 12, 2026 

Advertencia: Este artículo contiene descripciones de violencia sexual y de género.

Una investigación independiente de dos años de los crímenes sexuales y de género cometidos durante la masacre del 7 de octubre y contra los rehenes en cautiverio de Hamas, argumenta que la siguiente etapa ya no es más sólo documentar que ocurrieron los crímenes, sino determinar cómo pueden ser procesados judicialmente.

La Comisión Civil sobre Crímenes del 7 de Octubre por parte de Hamas Contra las Mujeres y Niños, dirigida por la galardonada con el Premio Israel y experta en derecho internacional Dra. Cochav Elkayam-Levy, el martes publicó su informe, “Terror Sexual Descubierto: Las Atrocidades No Contadas del 7 de Octubre y Contra los Rehenes en Cautiverio,” presentando lo que describe como el historial evidenciario más completo recopilado a la fecha sobre las atrocidades sexuales del 7 de octubre del 2023, y el cautiverio en Gaza.

La contribución central del informe no es sólo su conclusión que la violencia sexual y de género fue sistemática, generalizada, e integral del ataque, sino su intento de pasar del reconocimiento al procesamiento – una cuestión que ha eclipsado la cuestión desde los primeros días tras la masacre, cuando muchas víctimas fueron asesinadas, las escenas fueron incendiadas o destruidas, la documentación forense era parcial, y los testigos sobrevivientes a menudo estaban traumatizados, vieron sólo fragmentos, o eran incapaces de dar testimonio.

La respuesta ofrecida por el informe es un modelo evidenciario construido no sobre un único testigo, video, o conclusión forense, sino sobre pruebas acumulativas: materiales preservados, relatos contrastados, patrones recurrentes, y la conexión legal entre crímenes específicos comprobados y la maquinaria más generalizada del 7 de octubre.

Ese modelo se basa en lo que la Comisión llama un archivo especializado en crímenes de guerra que comprende más de 10,000 fotografías y segmentos de video, sumando más de 1,800 horas de análisis visual, junto con más de 430 testimonios, entrevistas, y reuniones con sobrevivientes, testigos, rehenes liberados, expertos y familiares. Las víctimas representadas en el análisis de datos, decía el informe, incluían 52 nacionalidades.

La destrucción causada por terroristas de Hamas en el Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre del 2023, cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, 21 de noviembre del 2023 (credit: CHAIM GOLDBERG/FLASH90)

El material fue registrado, codificado, contrastado, mapeado a lo largo del tiempo y geografía, e integrado dentro de una base de datos enfocada específicamente en crímenes sexuales y de género. La investigación también utilizó material de fuetes abiertas, conjuntos de datos con geolocalización, visitas a los sitios, consultas con expertos, y prácticas de documentación enfocadas en el trauma.

Debido a que la Comisión empezó a recopilar pruebas inmediatamente después de los ataques, el informe decía, preservó el material temprano y perecedero, incluidas las imágenes originales, comunicaciones y testimonios que más tarde fueron eliminados o se perdieron.

Aquí es donde el informe busca responder al problema procesal.

En los casos penales comunes, los investigadores a menudo trabajan a partir de una víctima, una escena, un sospechoso, y un cuerpo de evidencia forense, pero el 7 de octubre no presentó escenas del crimen comunes: Muchas víctimas no sobrevivieron, algunos cuerpos fueron incinerados, los primeros rescatistas estuvieron trabajando bajo condiciones de víctimas masivas, los testigos a menudo vieron sólo fragmentos de lo que sucedió, y alguna de la evidencia más directa vino de las propias imágenes de los perpetradores, de los teléfonos de las víctimas, de testimonios de la familia, de sitios de identificación de cuerpos, y de relatos de los rehenes liberados.

El análisis legal argumenta que tal fragmentación no hace imposible el procesamiento, pero requiere de un método diferente: preservar la evidencia disponible, contrastándola con otras fuentes, identificando la conducta repetida a lo largo de los lugares y fases del ataque, y determinando si los incidentes específicos pueden ser colocados dentro del contexto criminal generalizado.

Ese contexto más amplio es crucial porque el informe argumenta que los fiscales no tienen que demostrar necesariamente todo crimen sexual cometido el 7 de octubre, o demostrar que la violencia sexual, como una categoría, fue generalizada de forma independiente o sistemática. En virtud del derecho penal internacional, incluso un número más pequeño de incidentes comprobados puede cargar peso legal si están vinculados al contexto criminal más amplio: la masacre, los secuestros, el cautiverio en Gaza, y el ataque más amplio contra los civiles.

Esa distinción es lo que da al archivo su importancia legal.

Una sola pieza de evidencia puede ayudar a establecer un crimen, pero un archivo contrastado muestra cómo ese crimen encaja dentro de un sistema de violencia más generalizado.

El informe identifica 13 patrones recurrentes de violencia sexual y de género a lo largo de los sitios de ataque. Estos incluyen violación y violación en banda, tortura sexual y mutilación, desnudez forzada, ejecuciones vinculadas a la violencia sexual, abuso sexual postmortem, ataques sexuales llevados a cabo en presencia de familiares, filmación y diseminación digital, amenazas de matrimonio forzado, y violencia sexual contra niños y hombres.

Los ejemplos en sí sirven como la base fáctica para el argumento del informe que los crímenes no fueron episodios aislados sino conducta que apareció repetidamente y en formas reconocibles a lo largo de diferentes escenarios.

El informe concluye, como la posición legal de la Comisión, que estos actos constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, actos genocidas, y violencia sexual y de género vinculada a terrorismo bajo el derecho internacional.

El ex presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, en un prólogo del informe, escribió que la evidencia en casos de atrocidad, particularmente los que involucran violencia sexual, es a menudo fragmentada, que las víctimas frecuentemente son incapaces de testificar, y que muchos que podrían haber testificado ya no están más vivos.

Bajo tales condiciones, escribió él, la construcción de un archivo probatorio fiable se vuelve indispensable. Su función, dijo él, es "no judicial en el sentido formal," sino que preserva la base fáctica de la cual depende el juicio legal, histórico y moral.

Uno de los argumentos más difíciles del informe concierne al ataque a las familias. Dice que algo de la violencia sexual no estuvo dirigida sólo a la víctima inmediata, sino a la familia que rodeaba a esa víctima. En los casos documentados, las víctimas fueron abusadas sexualmente frente a los parientes. En al menos un caso, dice el informe, los familiares fueron coaccionados a cometer actos de abuso sexual unos contra otros.

Los incidentes incluyeron violencia sexual que explota los lazos familiares, concluye el informe

El informe denomina a esto “violencia sexual cinocida,” refiriéndose a la violencia sexual que explota los lazos familiares – entre padres e hijos, esposos, hermanos y parientes – como parte del daño en sí, así que el ataque no es sólo contra el cuerpo de la víctima, sino también contra las relaciones familiares convertidas en otro instrumento de terror.

El informe también trata la diseminación digital como parte del crimen. Los perpetradores filmaron, transmitieron en vivo, hicieron circular las imágenes y videos, y usaron las propias cuentas digitales de las víctimas para llegar a las familias y comunidades. La visibilidad no fue documentación incidental, argumenta el informe, sino un método de humillación, intimidación, y guerra psicológica que extendió el daño más allá del acto original.

Las conclusiones fácticas también destacan el dilema ético al documentar tal material: preservar la evidencia sin hacer circular más imágenes creadas para humillar a las víctimas y traumatizar a las familias. Por tal razón, decía el informe, el material más archivado es mantenido confidencial para proteger la privacidad de las víctimas.

El informe extiende más el alcance fáctico de la violencia sexual más allá del día de la masacre, documentando el ataque sexual, la humillación sexual, la tortura sexualizada, y las amenazas durante el secuestro, transferencia, y cautiverio prolongado. La investigación dice que tal abuso afectó a mujeres y hombres, y en algunos casos continuó durante meses.

Esto importa legalmente porque cambia la investigación del 7 de octubre como un único día de atrocidades a una continuidad de crímenes: el ataque, los secuestros, la transferencia a Gaza, las condiciones de cautiverio, la filmación de los rehenes, y la exhibición pública de su sufrimiento.

El cautiverio, de acuerdo con el informe, no fue un capítulo separado, sino una continuidad de la misma violencia coercitiva.

El informe también argumenta que la evidencia de violencia sexual contra niños y hombres no debilita el carácter de género de los delitos. Más bien, refleja cómo puede ser usada la violencia sexual para dominar, degradar, y humillar víctimas a lo largo de las líneas de género.

La vía de enjuiciamiento propuesta no se limita por lo tanto a las acusaciones penales comunes, sino que pide un marco especializado para los crímenes sexuales y de género del 7 de octubre: los investigadores y fiscales entrenados en violencia sexual relacionada con conflictos, los jueces o paneles equipados para manejar tales casos, procedimientos enfocados en el trauma para los sobrevivientes y testigos, y cooperación internacional para buscar a los sospechosos y pruebas más allá de Israel.

El marco no está destinado sólo a los individuos que llevaron a cabo físicamente delitos sexuales. El informe mapea la responsabilidad potencial a lo largo de varias capas: perpetradores directos; planificadores, los que ordenaron, facilitaron, o ayudaron en los crímenes; Hamas y el liderazgo afiliado en Gaza y en el exterior; los sospechosos que regresaron a Gaza o huyeron a terceros países; y los presuntamente involucrados a través de la incitación, financiación, facilitación, amplificación, u otras formas de apoyo material.

Tal marco, sugiere el informe, permitiría a Israel usar su proximidad con las víctimas, testigos, familias, y prueba, mientras se basa en experiencia legal desarrollada en los procesamientos internacionales de la violencia sexual en Ruanda, la ex Yugoslavia, y otros casos de atrocidades masivas.

También pide que las víctimas sean tratadas no sólo como fuentes de prueba, sino como participantes en el proceso, con acceso a la información, representación, protección, y la capacidad de ser escuchadas en etapas cruciales, incluidas el dictado de sentencia y las reparaciones.

Aparte de los juicios, el informe recomienda sanciones selectivas, congelamientos de activos, prohibiciones de viaje, restricciones financieras, intercambio internacional de pruebas, asistencia legal, apoyo psicológico, programas de recuperación comunitaria y medidas activas contra la negación o minimización de los crímenes.

Hamas ha negado las acusaciones de violencia sexual por parte de sus miembros durante el ataque del 7 de octubre, a pesar de la documentación citada o reflejada en el informe de los funcionarios israelíes, organismos internacionales, periodistas, investigadores de la sociedad civil, sobrevivientes y testigos.

Para los autores del informe, sin embargo, la pregunta ya no es más sólo si el mundo admitirá los crímenes. Es si el archivo puede convertirse en un base legal.

“Durante dos años hemos escuchado a los sobrevivientes, examinamos minuciosamente las pruebas, y lidiamos con material que a menudo es incomprensible," dijo Elkayam-Levy. “Este informe es el resultado de ese trabajo. Establece que la violencia sexual no fue incidental; fue sistemática, deliberada, e inserta en el ataque mismo."

El informe no reemplaza un juicio penal, tampoco se propone sacar conclusiones judiciales finales. Pero se presenta como un puente entre la documentación y el enjuiciamiento: un registro destinado a preservar la prueba, resistir la negación, y dar a los tribunales un marco para exigir responsabilidad.