Desde ACOM condenamos enérgicamente las recientes declaraciones del ministro Pablo Bustinduy, que exige el etiquetado especial de productos provenientes de "territorios ocupados por Israel". Esta medida es una flagrante discriminación contra Israel, es ilegal, profundamente sesgada y constituye un abuso coactivo desde el gobierno para avanzar una agenda personal y sectaria.
El llamado del ministro Bustinduy a etiquetar únicamente productos israelíes desde territorios disputado, que no “ocupados”, e ignorando otros territorios en disputa, revela un sesgo enfermizo contra Israel. La exigencia de etiquetar exclusivamente productos israelíes, mientras se ignoran deliberadamente otros territorios internacionales cuestionados, constituye una muestra inequívoca de antisemitismo institucional. Esta acción no solo viola los principios fundamentales de equidad comercial, sino que también socava la integridad del mercado europeo y compromete el comercio internacional, ignorando los acuerdos comerciales vigentes entre España, la UE e Israel.
En la nota intimidatoria que envía el ministro a las empresas que importan alimentos de Israel les recuerda que los productos de "zonas ocupadas" deben etiquetarse como procedentes de "asentamiento israelí" y no como "producto de Israel". Eso es falso y sólo puede ser entendido como una iniciativa abusiva y coactiva desde un gobierno que ya es solo una banda compuesta por individuos que entienden su cargo como un medio para avanzar sus obsesiones compulsivas, conseguir sus fines más oscuros y pagar sus deudas más inconfesables (¿quién financió la creación del partido del ministro? La República Islámica de Irán).
La ruindad de los verdaderos objetivos de Bustinduy queda demostrada cuando se evidencia que afecta única y exclusivamente a producto procedentes de Israel. Nada dice de los productos procedentes de, por ejemplo, el Sáhara Occidental y etiquetados como marroquíes, a pesar de los vínculos y el papel histórico de España en ese territorio y de que España importa cinco veces más desde Marruecos que desde Israel. Nada que decir de los productos etiquetados como chinos y procedentes del Tíbet, otro territorio disputado. Ni mucho menos de los territorios del Norte de Chipre, país miembro de la Unión Europea, ocupados por Turquía desde hace más de cuarenta años tras una brutal limpieza étnica (el régimen islamista turco también es próximo al partido del ministro y al gobierno de Pedro Sánchez). Esta asimetría, está descarada hipocresía, exponen las verdaderas intenciones de este gobierno: una agenda anti-israelí disfrazada con cualquier excusa.
Exigiríamos al gobierno español la inmediata retractación de esta directiva discriminatoria y la censura del ministro pirómano. Pero el gobierno de Sánchez es ya sólo una asociación criminal. A las autoridades de cualquier país normal se les debe exigir abstenerse de promover medidas que fomenten una agenda extremista que paga deudas partidistas a los terroristas y sus jefes causando perjuicio y división. En el caso de España, sólo esperamos ya que la higiene democrática y las medidas de la justicia alcancen a esta banda de desaprensivos y se pierdan por el sumidero que la historia reserva a los antisemitas. Instamos, eso sí, a la comunidad internacional a que siga tomando nota de las acciones de la banda de Sánchez y rechace categóricamente este tipo de iniciativas a las que nos tiene acostumbrado un gobierno con tics autoritarios y mafiosos. Medidas que atentan contra la convivencia y alimentan el odio contra los judíos y el Estado Judío.
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