El pasado 26 de diciembre el Tribunal nº 4 de Gran Canaria emitió su decisión sobre los procesos presentados por Angel Mas, Presidente de ACOM: el boicot aprobado el 27 de noviembre de 2015 por el Cabildo de Gran Canaria es ILEGAL.
Esta decisión de boicot proclamó a la isla “espacio libre del apartheid israelí”, afilió al Cabildo a la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel, y comprometió a la institución, a sus organismos públicos y funcionarios, a abstenerse de cooperar con Israel en áreas como agricultura, educación, comercio, cultura o seguridad. El Cabildo también acordó apoyar al BDS en todas las campañas para boicotear actividades comerciales, culturales, deportivas, académicas o institucionales.
El Tribunal desestimó el argumento planteado por el Cabildo de que la decisión de boicot no era más que una declaración política, haciendo hincapié en que las acciones y declaraciones de los organismos públicos están sometidas al Estado de Derecho y sujetas a control judicial. La sentencia declaró que el Cabildo de Gran Canaria carece de competencia para la adopción de tal resolución.
Lejos de ser una mera declaración de principios, el acuerdo requiere poderes ejecutivos para aplicar el boicot y comprometer sus objetivos, excediendo los poderes otorgados a los ayuntamientos, dado que los boicots quedan fuera del alcance de cualquier interés local, y no está vinculado a la solución de problemas locales particulares de los vecinos de Gran Canaria.
El Tribunal subrayó que el acuerdo impugnado es discriminatorio y no resulta conforme con el principio de neutralidad y objetividad que debe presidir la actuación de la Corporación.
Esta sentencia vuelve a arrojar luz sobre un movimiento netamente discriminatorio e ilegal. Los políticos deben actuar con cautela, mesura, alejados de elucubraciones conspiranoides y aferrados, siempre, a la Ley.
No fue el caso del Cabildo grancanario.
Gracias a la iniciativa legal de ACOM, el cerco legal sobre las iniciativas discriminatorias y antisemitas de boicot al estado judío y a los españoles que simpaticen con Israel es imparable en nuestro país: con esta nueva sentencia son ya 14 los acuerdos de boicot anulados por la Justicia (incluidas 2 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia), 7 las instituciones que han revocado voluntariamente dichos acuerdos tras nuestra acción judicial, y 2 municipios se encuentran con los acuerdos suspendidos judicialmente hasta sentencia definitiva. Con estas iniciativas legales se ha expuesto, igualmente, el vinculo evidente entre el movimiento de boicot a Israel, que glorifica el terrorismo y no busca una solución negociada, sino la destrucción del atado judío, y grupos terroristas y yihadistas.
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