Una ley que prohíbe la entrada a Israel a personas que nieguen el Holocausto o las atrocidades cometidas por Hamás durante su ataque del 7 de octubre de 2023, pasó su tercera y última lectura en el pleno de la Knéset por 12 a 0 el miércoles por la noche.
La legislación, patrocinada por el diputado de Tikvá Jadashá Mishel Buskila, extiende una prohibición de entrada existente a quienes abogan por boicots contra Israel, aplicándola a quienes niegan el Holocausto y la masacre del 7 de octubre, así como a quienes abogan por el procesamiento de israelíes por acciones tomadas durante su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel u otros servicios de seguridad.
La ley también se aplica a las personas que trabajan para organizaciones que hacen tales declaraciones.
“El Estado de Israel, como cualquier otro país del mundo, debe defenderse a sí mismo, a sus ciudadanos, soldados y su identidad nacional”, afirmó Buskila el miércoles.
“Muchos países del mundo prohíben la entrada de entidades hostiles que perjudiquen a sus fuerzas de seguridad. Israel es un país democrático, pero no es ingenuo. Quienes apoyan a Israel serán recibidos con respeto. Quienes intentan socavar nuestra propia existencia, negar los horrores del pasado o perjudicar a nuestros soldados y ciudadanos, no tienen lugar entre nosotros”.
El 7 de octubre de 2023, miles de terroristas liderados por Hamás irrumpieron en la frontera con Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes, al tiempo que cometían numerosos actos de brutalidad y agresión sexual.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos durante la guerra de Israel contra Hamás posterior al 7 de octubre.
En enero, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que sobrevivió al ataque de Hamás en el festival de música Nova el 7 de octubre se vio obligado a huir de Brasil para escapar de una investigación por crímenes de guerra. El martes, dos reclutas de las Fuerzas de Defensa de Israel que estaban de vacaciones en Ámsterdam fueron devueltos a Israel después de que grupos pro palestinos se enteraran de su viaje y se movilizaran para que se emitieran órdenes de arresto contra ellos.
El proyecto de ley de Buskila pasó su tercera lectura poco menos de un mes después de que la Knéset aprobara una ley que penaliza la negación, minimización o celebración del ataque de Hamás del 7 de octubre.
Esa legislación, patrocinada por el diputado de Yisrael Beytenu Oded Forer, se basó en una ley de 1986 que prohíbe la negación del Holocausto. “Cualquiera que diga o escriba cosas que nieguen la masacre del 7 de octubre con la intención de defender a la organización terrorista Hamás y sus socios, expresar simpatía por ellos o identificarse con ellos, será condenado a cinco años de cárcel”, afirma.
Las declaraciones realizadas “de buena fe o con un propósito legítimo”, como durante una investigación o para proporcionar información como parte de un procedimiento legal, no se consideran actividades delictivas según la ley, recogió The Times of Israel.
A principios de 2024, Radio del Ejército informó que la fiscal general Gali Baharav-Miara se había pronunciado en contra de esa legislación porque los juicios iniciados en virtud de la ley propuesta podrían complicar el procesamiento y los juicios de los miembros de Hamás al exigir la “divulgación de pruebas que perturbarán” el proceso legal en curso.
Si bien la propuesta se presentó unos meses después del ataque del 7 de octubre, las leyes de memoria del Holocausto en todo el mundo se aprobaron años después del genocidio europeo, cuando “ya se había creado una determinación histórica clara de los crímenes”, escribió Baharav-Miara en ese momento.
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