Del WSJ
No tan rápido—el Congreso tiene voz y voto en el acuerdo con Irán
Las leyes que se aplicaron al JCPOA de Obama, se aplican al memorando de entendimiento de Trump también.
Por Joshua Claybourn
Junio 19, 2026
Todos los presidentes anhelan la gran victoria en política exterior. Las cámaras, la ceremonia de firma y, no menos, el conocimiento que ellos han formado la historia. Tras una guerra, cuando los mercados están buscando calma y el público tranquilidad, un presidente podría ser tentado a mover las cosas sin consultar al Congreso.
En el caso del posible acuerdo con Irán del Presidente Trump, eso sería ilegal e inconstitucional. Violaría la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán del 2015 (Inara), la cual fue promulgada mientras la administración Obama estaba negociando su acuerdo nuclear con Irán, el Plan Integral de Acción Conjunto (JCPOA). La Inara requiere la revisión por parte del Congreso de cualquier acuerdo relacionado con el programa nuclear de Irán antes que pueda proceder el alivio de las sanciones. Más generalmente, el presidente no puede usar la diplomacia para anular las sanciones que el Congreso promulgó o ignorar los límites que el Congreso colocó sobre su poder de renunciar a ellas.
El memorando de entendimiento del Sr. Trump con Irán puede ser una forma defendible de mantener la paz. Si detiene el combate, abre el Estrecho de Ormuz y allana el camino para una discusión nuclear seria, entonces los estadounidenses estarían complacidos.
Este documento de 14 puntos no es cosa simple en el calendario diplomático. Es un compromiso tanto por parte de EE.UU. e Irán de llegar a un acuerdo final en 60 días. Bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán rebajará su uranio enriquecido y tendrá su programa nuclear firme mientras continúan las conversaciones. Una vez que se seque la tinta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de petróleo iraní.
El hecho que el acuerdo emergente con Irán se califique de "memorando de entendimiento" no hace que se elimine la revisión por parte del Congreso.
Inara es clara: El presidente debe entregar cualquier acuerdo con Irán sobre su programa nuclear al Congreso al cabo de cinco días. La Casa Blanca ha puesto una copia de cortesía del memorando frente al Congreso. Pero Inara exige el acuerdo entero, incluidos todos los anexos y materiales asociados, la evaluación de verificación del Departamento de Estado y cualquier certificación. Mientras el Congreso considera el acuerdo, el presidente no está en libertad de eximir ni atenuar las sanciones legales.
Durante 30 días, el presidente tiene prohibido aliviar o anular las sanciones legales que ha impuesto el Congreso. La definición legal de "acuerdo" es lo suficientemente amplia como para incluir cualquier arreglo relacionado con el programa nuclear de Irán que acuerde Estados Unidos, vinculante o de otro tipo, y cualquier requerimiento técnico u otros entendimientos que lleguen con él.
Su expansión fue producto de la disputa del 2015 por el JCPOA. Tras años de aumentar las sanciones para dar a los negociadores estadounidenses influencia con Teherán, el Presidente Obama despachó rápidamente al Congreso y trató el acuerdo como un tema ejecutivo. Así los legisladores aprobaron la Inara—no para negociar ellos mismos, sino para garantizar que el presidente no pudiera anular las sanciones aprobadas por el Congreso sin primero mostrarles el resultado.
Los republicanos tuvieron razón en criticar los métodos de la administración Obama en el 2015, pero una norma constitucional que sólo muerde cuando la otra parte está en el poder es un mero eslógan.
La Inara deja al presidente libre para hablar con Irán, probar las intenciones de Teherán, establecer una fecha para las negociaciones o incluso negociar un cese del fuego. Pero una vez que la administración ponga su condición sobre los términos del levantamiento de las sanciones y temas nucleares, ha cruzado la línea que trazó el Congreso. Ya sea que el memorando de entendimiento haya sido completado el 14 de junio o con la firma presidencial tres días después, el reloj está andando. El 19 de junio es la fecha de expiración más temprana; el 22 de junio es la última. De cualquier forma, el deber es enviar el acuerdo y todo lo que va con él al Congreso.
Los aliados de la Casa Blanca dicen que el memorando es preliminar y que el verdadero trabajo está por venir. Muy bien. Pero eso no responde la cuestión legal. Estamos hablando de supervisión de un programa nuclear y alivio inmediato, no teórico, en la forma de exenciones petroleras. No puedes poner las concesiones nucleares en el párrafo 8 y el petróleo en el párrafo 10 y esperar que las sanciones legales desaparezcan mientras el Congreso no está mirando.
El Congreso debería exigir el memorando total, los entendimientos colaterales, las comunicaciones del Departamento del Tesoro y la evaluación de verificación del Departamento de Estado, todo lo cual requiere el Inara. Debería preguntar si ya ha sido dado algún levantamiento de las sanciones legales. Si ha sido otorgado, se debería dejar constancia del incumplimiento de la ley y debería ser frenado el levantamiento hasta que sea hecha la revisión. Si surge la necesidad, los legisladores deberían aprobar legislación de emergencia para suspender el poder del presidente de anular las sanciones sobre la banca y el petróleo iraní sin aprobación del Congreso.
Todo esto es difícil, pero el público tiene el derecho de saber si este acuerdo está controlando a Irán o ganando tiempo para que éste llene sus cofres. Los estadounidenses han tenido suficiente de conceder alivio de las sanciones sin revisión. El Congreso no está aquí meramente para aplaudir al presidente. Si su acuerdo es firme y legal, que lo ponga a prueba.
El Sr. Claybourn es un abogado en Indiana y profesor adjunto en el Cato Institute.
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