Australia ha incluido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como patrocinador estatal del terrorismo, según declaró el jueves la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, tras una evaluación de inteligencia que indicaba que había orquestado ataques contra la comunidad judía australiana.
Esto ocurre meses después de que Australia acusara a Irán de dirigir dos atentados incendiarios antisemitas en Sídney y Melbourne en agosto.
En agosto, Australia acusó a Irán de dirigir dos atentados incendiarios antisemitas en las ciudades de Sídney y Melbourne y dio al embajador de Teherán siete días para abandonar el país el martes, su primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.
Según un comunicado de prensa conjunto de los Ministros de Asuntos Exteriores y del Interior, y el Fiscal General, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) es el primer Estado patrocinador del terrorismo incluido en la lista, según un marco recientemente desarrollado para permitir al gobierno responder al terrorismo de Estado.
"Todos los australianos merecen sentirse seguros"
"Los ataques de Irán fueron actos de agresión peligrosos y sin precedentes, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano", declaró Hong. "El Gobierno de Albanese ha tomado medidas más contundentes contra Irán que cualquier otro gobierno australiano anterior y seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los australianos".
El Ministro del Interior, Tony Burke, enfatizó el compromiso del gobierno australiano con la lucha contra el antisemitismo.
"Todos los australianos merecen sentirse seguros, bienvenidos y como en casa; esta perspectiva es la que sustenta los cambios legislativos que han permitido la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la lista", declaró Burke. "El Gobierno australiano seguirá explorando todas las vías para combatir la intolerancia, incluido el antisemitismo".
"El Gobierno se compromete a garantizar que nuestras leyes antiterroristas sean sólidas y lo más eficaces posible", añadió la Fiscal General Michelle Rowland, parlamentaria. "Estas reformas dificultan, aumentan el riesgo y aumentan el coste para actores extranjeros maliciosos intentar perjudicar a Australia y a nuestra comunidad".
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