por Khaled Abu Toameh • 26 de Junio de 2016
EN 2014, luego de informaciones de que palestinos habían vendido casas a judíos en el barrio jerosolimitano de Silwán (en la imagen), el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, firmó una orden ejecutiva que enmendaba secciones del Código Penal relacionadas con las transacciones inmobiliarias y aumentó las penas por vender terrenos a "países hostiles" y a sus ciudadanos. (Imagen: Wikimedia Commons/Gilabrand).
Un musulmán palestino que cometa el crimen de vender una propiedad a un judío no debería esperar ser enterrado en un cementerio islámico. Casarse con sus conciudadanos palestinos ya no será una opción para los miembros de la familia del criminal, y si la familia celebra alguna boda, no acudirá ningún invitado.
Tanto los vivos como los muertos pagarán, pues, el precio de dicha traición.
Esto es tan solo una muestra de las medidas punitivas a las que a partir de ahora se enfrentarán los residentes palestinos en Jerusalén que lleven a cabo alguna transacción inmobiliaria con judíos.
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