"Considerando que hasta enero de 2014, según un informe del Congressional Research Service, Estados Unidos había gastado 686.000 millones de dólares en la operación 'Libertad Duradera', es momento para empezar a plantear soluciones alternativas. Sería ingenuo pensar que enviar de nuevo tropas a Afganistán con la misma estrategia va a dar esta vez un resultado diferente"
Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos convertido en la antítesis del presidente George W. Bush. Le bastaron unos pocos gestos para recibir el Premio Nobel de la Paz más vacío de contenido que se recuerde. Con la imperiosa necesidad de dar respuesta a la gran crisis financiera de 2008, cerrar las guerras en Afganistán e Iraq, herencia de la presidencia Bush, se convirtió en prioritario. Se establecieron las fechas de salida de las tropas estadounidenses y aliadas de Iraq en 2011 y de Afganistán en 2014.
La salida de Iraq tuvo lugar un mes después de anunciar el presidente Obama que se cerraba una etapa histórica en la que la atención estratégica de Estados Unidos había estado volcada en Europa y Oriente Medio y en adelante se pondría la mira en la región Asia-Pacífico. En los siguientes años, el sectarismo, la desidia y la corrupción del Gobierno iraquí permitieron que el Estado Islámico de Iraq renaciera de sus cenizas (véase “El nada misterioso origen del Estado Islámico”). La invasión rusa de Ucrania y la caída de Mosul en manos del EI en 2014 obligaron al Gobierno Obama a cuestionarse sus decisiones y tuvo que volver a enviar tropas a Europa e Iraq.
Mientras la atención mundial se centró en 2014 en Ucrania e Iraq, comenzó la retirada de tropas occidentales de Afganistán. Atrás quedaba un equilibrio precario con un Ejército y una Policía afganos de dudosa capacidad para parar la marea talibán. El objetivo político del presidente Obama de anunciar la retirada de Afganistán se colocó por delante de las necesidades sobre el terreno. La realidad es que los talibán controlaban o peleaban por el control del 40% de los distritos del país el pasado mes de mayo.
La capacidad militar de los talibán ha ido en aumento. El pasado 21 de abril asaltaron la base del 209º Cuerpo del Ejército afgano cerca de Mazar-i-Sharif, en el norte del país. Ese día los soldados descansaban, por lo que cientos fueron tiroteados estando desarmados en el comedor o en la mezquita de la base. El balance oficial fue de 140 muertos, pero la prensa local habló de 256, con más de 160 heridos. Los últimos vídeos de propaganda talibán muestran montañas de material capturado en instalaciones del Ejército y la Policía, y a los terroristas conformando caravanas abiertamente, a plena luz del día. Y los vídeos de los campos de entrenamiento dan cuenta de una fuerza numerosa, uniformada y armada que poco tiene que ver con las partidas de campesinos pastunes de los años 90.
La reacción occidental a la situación en Afganistán consiste en volver a mandar tropas. España ya ha respondido afirmativamente a la petición hecha desde Estados Unidos, aunque sólo se baraje el envío de 30 militares al cuartel general aliado de Kabul. A nadie escapa la paradoja de que es, de alguna forma, volver al punto de partida, con menos credibilidad ante las autoridades afganas, menos entusiasmo entre las tropas y un legado de muertos y millones gastados que ahora parece fueron en vano.
La novedad es que el presidente Trump ha pedido consejo a dos personas provenientes del sector privado, para escándalo de los biempensantes. El primero de ellos es Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, que ha sufrido varios cambios, también de nombre, en los últimos años; pero los medios siguen insistiendo en hablar de Blackwater como el epítome de todo lo malo asociado a la guerra y las empresas privadas. Prince terminó trabajando para Emiratos Árabes Unidos (véase “La emergencia de Emiratos”) y ahora se dedica al negocio de los servicios logísticos en África.
El otro empresario consultado por el Gobierno Trump es Stephen A. Feinberg, director general de un fondo de inversión dueño de la empresa DynCorp, cuyos negocios cubren todo el sector de la defensa, desde la formación al mantenimiento de aeronaves. DynCorp refleja la realidad oculta de la guerra tecnológica contemporánea. Las fuerzas armadas de los países desarrollados requieren para llevar a cabo sus operaciones en países lejanos de una legión de empresas auxiliares encargadas de tareas como el mantenimiento y la logística. Una realidad bien conocida por los españoles desplegados en Afganistán, donde el empleo de los drones israelíes IAI Searchery de los servicios de lavandería y cocina requirió de empresas privadas.
Parte del escándalo ante la consulta a dos empresarios privados proviene de que Prince ha hecho pública repetidas veces su opinión sobre la necesidad de un enfoque diferente para lapacificación de Afganistán. En una conferencia en Oxford o en una columna de opinión en The Wall Street Journal, Prince ha criticado el gasto militar sin control de resultados, la rotación sin fin de militares, la burocracia desmedida y la falta de una cadena de mando integral. Como alternativa propone el nombramiento de una persona, un virrey, responsable de toda la presencia estadounidense en Kabul, que centralice el mando y las responsabilidades. Además, ha propuesto que el esfuerzo de guerra sea llevado a cabo por una empresa privada que combine el desarrollo de negocios en Afganistán con la acción militar al estilo de la Compañía Británica de las Indias Orientales.
Es imaginable el escándalo que ha generado que Prince hable de conceptos propios de los tiempos coloniales. Pero, considerando que hasta enero de 2014, según un informe del Congressional Research Service, Estados Unidos había gastado 686.000 millones de dólares en la operación Libertad Duradera, es momento para empezar a plantear soluciones alternativas. Sería ingenuo pensar que enviar de nuevo tropas a Afganistán con la misma estrategia va a dar esta vez un resultado diferente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.