"La última medida dictatorial en los territorios controlados por la Autoridad Palestina podría servir para recordar a la comunidad internacional cuál es en estos momentos la disposición del liderazgo palestino a manejar un Estado, y cómo sería ese Estado. Tal y como están las cosas, lo cierto es encajaría muy bien entre sus brutales vecinos árabes"
Una nueva ley palestina contra los delitos relacionados con la tecnología de la información (TI) ha desatado una oleada de protestas entre los periodistas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos palestinos.
La controvertida Ley contra el Cibercrimen, sancionada por el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás, el pasado día 11, permite el encarcelamiento de los palestinos por compartir material publicado en internet o hacer un simple me gusta en las redes sociales. Los críticos dicen que allana el camino a un “Estado policial” en los territorios de la Margen Occidental controlados por la AP. También sostienen que tiene por objetivo silenciar las críticas a Abás y a los demás líderes de la AP.
La nueva ley llega justo después de la reciente decisión de la AP de bloquear más de veinte webs palestinas acusadas de publicar comentarios y artículos críticos con el liderazgo de la propia AP.
La ley fue aprobada por el propio Abás sin que fuera sometida a revisión por parte del Consejo Legislativo Palestino (CLP). El CLP lleva en estado de parálisis desde hace una década, como consecuencia de la lucha de poder entre la AP de Abás y Hamás, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza.
Ante la ausencia de vida parlamentaria, Abás y sus gerifaltes y asesores se han sentido libres de aprobar sus propias leyes para servir a sus intereses y promover sus propias agendas políticas.
Según periodistas y activistas pro derechos humanos palestinos, la Ley contra el Cibercrimenrestringirá aún más la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, que ya son estrechamente vigiladas por las fuerzas de seguridad de la AP. Dicen que la ley hace escarnio del eslogan de los líderes de la AP de que “el cielo es el límite en lo que respecta a la libertad de expresión”.
La falta de medios libres e independientes en los territorios controlados por la AP ha llevado a muchos periodistas, blogueros y activistas políticos palestinos a recurrir a Facebook y Twitter. Allí expresan sus opiniones, se desahogan y debaten cuestiones tabúes, como la corrupción económica y administrativa entre los mandamases de la Autoridad Palestina.
Ahora bien, la nueva ley legaliza lo que ya viene ocurriendo en los territorios controlados por la AP. Las fuerzas de seguridad de la AP llevan tiempo poniendo en la mira a los palestinos que publican comentarios críticos o controvertidos en las redes sociales.
Casi no pasa una semana sin que dos o tres palestinos sean arrestados o convocados a un interrogatorio por la publicación de algún comentario en Facebook o Twitter. Numerosos palestinos han sido detenidos por haber hecho un me gusta inconveniente o compartido un comentario, un artículo o una foto considerados ofensivos para con Abás o algún otro alto funcionario de la AP.
Aun así, la Ley contra el Cibercrimen sí es un punto de inflexión en materia represiva: antes de ella no había ninguna norma que prohibiera a los palestinos expresar sus puntos de vista en las redes sociales. Ahora, cualquiera que cometa el delito de crear una web con la intención de difundir noticias que puedan “perjudicar la integridad del Estado o su seguridad interna o externa” podría enfrentarse a una multa y a penas de cárcel. Asimismo, se pretende castigar a cualquiera que promueva dichas informaciones compartiéndolas o dedicándoles un me gusta.
Los periodistas palestinos consideran que son los verdaderos objetivos de la Ley contra el Cibercrimen. Un periodista en Ramala comentó:
Lo risible es que esta ley comporte penas que son más duras que las impuestas a los ladrones y a los delincuentes sexuales. Esta es una ley con un objetivo puramente político, aunque tiene algunos aspectos positivos, como la prevención de la extorsión, el fraude y la suplantación de identidad en las redes sociales. Pero en su versión actual está concebida para limitar la libertad en los medios y castigar a la gente por nimiedades.
Yihad Barakat, periodista palestino al que las fuerzas de seguridad de la AP arrestaron recientemente por filmar a la comitiva del primer ministro palestino, Rami Hamdalá, mientras cruzaba un puesto de control militar israelí, expresó su indignación por la nueva norma. También él afirmó que el objetivo era coartar la libertad de expresión e intimidar a los críticos con la AP. “Esta es una ley peligrosa”, se lamentó. “La ley debería adaptarse a las libertades públicas, no servir para coartarlas”. Barakat fue posteriormente acusado de “mendigar y holgazanear en un lugar público en circunstancias sospechosas”. Fue arrestado porque filmar al primer ministro de la AP en un puesto de control se consideró embarazoso y ofensivo.
Periodistas palestinos y activistas pro derechos humanos señalan que la ley contiene referencias ambiguas, como el “perjuicio o riesgo para la seguridad del Estado”. La periodista Shaza Hamad aseguró que ni ella ni sus colegas estaban seguros de qué quería decir esa frase. “Como periodistas, estamos confusos”, dijo. “No sabemos qué tipo de noticias o comentarios se consideran una amenaza a la seguridad del Estado”. También señaló que la nueva norma llega en medio de las duras medidas que la AP toma constantemente contra periodistas y activistas palestinos por sus comentarios en Facebook.
Alarmados, varios periodistas y escritores palestinos afirmaron que la nueva ley allana el camino al surgimiento de un régimen represor cuyo objetivo sea suprimir las libertades públicas y violar la privacidad de la gente.
“El propósito de esta ley es proporcionar una cobertura legal a la Autoridad Palestina para suprimir las voces de sus opositores”, adujo el escritor Ahmed al Nayar.
De esta manera, la AP puede arrestar a cualquier periodista o ciudadano por publicar un artículo o lo que sea en las redes sociales que se considere perjudicial para la seguridad del Estado. Es un escenario desalentador que deja claro que nos estamos enfrentando a un sistema policial y represor. Esta peligrosa ley pone el último clavo en el ataúd de las libertades públicas.
Al Haq, una organización de defensa de los derechos humanos radicada en Ramala, se unió a las voces críticas con esta nueva ley que restringe la libertad de expresión. “Fue promulgada por el presidente Abás sin ser presentada a los ciudadanos”, advirtió. “Se promulgó con gran secretismo”. Asimismo, señaló que los líderes de la AP rechazaron las peticiones y reclamaciones de organizaciones e individuos palestinos que querían recibir copias de la norma antes de que se aprobara. La organización condenó después la ley diciendo que representaba una “espada de Damocles” sobre la cabeza de los periodistas palestinos.
La Ley contra el Cibercrimen demuestra que el régimen de la AP se dirige como una empresa unipersonal.
La última medida dictatorial en los territorios controlados por la AP podría servir para recordar a la comunidad internacional cuál es en estos momentos la disposición del liderazgo palestino a manejar un Estado, y cómo sería ese Estado. Tal y como están las cosas, lo cierto es encajaría muy bien entre sus brutales vecinos árabes.
© Versión original (en inglés): Gatestone Institute
© Versión en español: Revista El Medio
© Versión en español: Revista El Medio
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