Israel estudia imputar a organizadores de la flotilla por vínculos con Hamás
El Gobierno de Israel analiza la situación de los tripulantes y organizadores de la llamada Flotilla Global Sumud, presentada públicamente como una misión humanitaria hacia Gaza pero que, según las autoridades israelíes, encaja dentro de la Ley Antiterrorista de 2016 al considerarse colaboración con una organización terrorista. Esta legislación establece que no solo la pertenencia formal a un grupo como Hamás constituye terrorismo, sino también la financiación directa o indirecta, la colaboración logística, como los intentos de romper el bloqueo en su favor, y la propaganda o legitimación pública de una organización terrorista.
Con este marco legal, un juez podría autorizar la imputación de varios activistas señalados por Israel. Entre ellos se encuentra Omar Faris, activista de origen árabe-polaco vinculado a campañas internacionales de apoyo a Hamás, cuya actividad, en la lectura israelí, equivale a colaboración propagandística con el terrorismo. Otro de los nombres bajo la lupa es Zaher Birawi, organizador veterano de flotillas, identificado por Israel como operador internacional de Hamás y canalizador de fondos a través de ONG pantalla en Europa, lo que abre la posibilidad de imputarlo por financiación y dirección de actividades logísticas de la organización.
La atención también se centra en Abu Keshek, empresario radicado en Barcelona, señalado como responsable de la empresa fantasma Neptune Barcelona S.L., registrada apenas dos días antes de la salida de uno de los barcos. Según la denuncia israelí, esa compañía fue creada exclusivamente para la compra de la embarcación y funcionaría como fachada de blanqueo de capitales al servicio de Hamás. Las autoridades advierten, además, que parte de esos fondos provendrían de donaciones cataríes canalizadas a través de ONG en Europa, un esquema que el Ministerio de Defensa israelí ha denunciado repetidamente en el pasado como la ruta Catar-ONG-Hamás.
Entre los nombres destacados figura también Ana Alcalde, activista española y rostro visible de la flotilla, acusada por Israel de hacer propaganda y blanquear la imagen de Hamás bajo un discurso humanitario. Según el artículo 24 de la Ley Antiterrorista, su actividad podría ser considerada como legitimación pública de una organización terrorista, un delito tipificado con claridad en el ordenamiento israelí.
La presión de estas advertencias ha provocado ya movimientos dentro de la propia flotilla. Figuras como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, junto con otros activistas europeos que inicialmente habían anunciado su participación, se han retirado en las últimas semanas, en lo que se interpreta como una reacción directa al riesgo de ser procesados en Israel bajo cargos relacionados con terrorismo.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, los artículos 2 y 3 de la Ley Antiterrorista definen lo que significa pertenencia o colaboración con una organización de este tipo, mientras que los artículos 19 a 21 castigan la financiación, donación o transferencia de recursos, el artículo 24 sanciona la incitación o propaganda, y el artículo 29 habilita la detención y deportación de extranjeros vinculados, incluso sin condena firme.
El desenlace de este episodio dependerá de las pruebas que Israel logre presentar. Si se confirma la conexión con Hamás, los implicados podrían ser procesados como colaboradores de terrorismo, con penas de prisión y confiscación de bienes. Si no se demuestra una relación directa, lo más probable es que sean retenidos administrativamente y posteriormente deportados, como ya ocurrió en flotillas anteriores.
En síntesis, Israel sostiene que la Flotilla Global Sumud no es un proyecto humanitario neutral, sino un operativo con ramificaciones financieras y propagandísticas en favor de Hamás. En el centro del caso aparece la empresa barcelonesa Neptune, propiedad de Abu Keshek, y la sospecha de fondos procedentes de Catar. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si los tribunales avalan imputaciones por terrorismo o si el caso concluye, una vez más, con deportaciones inmediatas.
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