El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, pidió disculpas por lo que describió como un malentendido interno relacionado con el cumplimiento normativo, después de que varios clientes israelíes en España denunciaran restricciones en sus cuentas y retrasos en transferencias como consecuencia de nuevas medidas gubernamentales.
En una carta publicada por The Jerusalem Post y dirigida al presidente israelí Isaac Herzog, Oliu expresó su apoyo a Israel y aseguró que el banco había revisado sus procedimientos tras detectar que la gestión inicial de algunos equipos internos pudo generar una impresión equivocada sobre el trato a los clientes israelíes.
Fechada el 14 de noviembre de 2025, la misiva subraya que Sabadell mantiene su compromiso con las relaciones comerciales entre empresas y ciudadanos de Israel y España. Oliu precisó que, en los últimos doce meses, la entidad ha prestado servicios financieros a más de 2.000 compañías con vínculos comerciales con Israel, incluyendo transferencias, cartas de crédito y garantías de exportación e importación por un valor aproximado de 500 millones de euros.
El presidente del banco atribuyó la confusión al Real Decreto-Ley 10/2025, señalando que Sabadell modificó sus procedimientos para cumplir la nueva normativa, sin interrumpir la actividad habitual de sus clientes con Israel. Explicó que la interpretación inicial del decreto y su aplicación en los sistemas internos pudieron llevar a la comunidad judía internacional a percibir un cambio en la política del banco que no se correspondía con la realidad.
“En cuanto se identificó este problema, revisamos nuestros procedimientos”, escribió Oliu, añadiendo que desde entonces la entidad no ha recibido quejas ni señales de insatisfacción de clientes israelíes. Concluyó lamentando profundamente la situación y reiterando su apoyo a la continuidad de las relaciones comerciales entre ambos países.
Denuncias de “mayor escrutinio”
La carta se conoció tras informes en medios israelíes y judíos, así como en redes sociales, que denunciaban un incremento del escrutinio hacia clientes israelíes en España después de que el Gobierno adoptara nuevas medidas “urgentes” vinculadas con el conflicto en Gaza.
Según dichas informaciones, algunos clientes y empresas con vínculos con Israel fueron requeridos a presentar documentación detallada sobre sus transacciones, direcciones, información del destinatario final y declaraciones escritas que confirmaran que los bienes no provenían de asentamientos israelíes. Algunos afectados afirmaron haber sufrido retrasos o bloqueos temporales en transferencias hasta que se completaba la documentación adicional.
El medio español de verificación Maldita.es recogió la denuncia en su sección “Buloteca”, aclarando que la información fue enviada por usuarios y no verificada de manera independiente, aunque resumió las acusaciones y los textos difundidos en línea.
Debate sobre el alcance del decreto
Uno de los puntos centrales de la controversia es si el Real Decreto-Ley 10/2025 se aplica exclusivamente a las entidades expresamente mencionadas o si los bancos pueden extender sus controles de riesgo de forma más amplia. El Gobierno español indicó que la norma establece un embargo total de armas a Israel y prohíbe la importación de productos originarios de los “asentamientos israelíes ilegales” en “territorio palestino ocupado”, además de restringir la publicidad de bienes y servicios procedentes de esos lugares.
La Agencia Tributaria ha aclarado que el artículo 3 del decreto se centra en la importación aduanera de productos originarios de los asentamientos y que se publicará una lista de localidades y códigos postales para facilitar su aplicación.
Esta distinción es clave porque los bancos suelen implementar controles de cumplimiento más amplios que los estrictamente aduaneros. En el marco de políticas de “conozca a su cliente” y de gestión del riesgo, las entidades financieras pueden exigir documentación adicional cuando un gobierno impone nuevas restricciones sobre determinadas zonas, bienes o contrapartes, incluso si la medida no se dirige expresamente al sector bancario.
Reacciones contrapuestas
Críticos del banco sostienen que exigir declaraciones y ralentizar las operaciones de clientes israelíes excede los requisitos del decreto. En cambio, defensores del enfoque de cumplimiento argumentan que las entidades deben protegerse ante posibles sanciones si se comprobara que facilitaron transacciones restringidas, lo que justifica la solicitud de garantías documentales adicionales.
La carta de Oliu buscó distanciar la posición institucional de Sabadell de las experiencias de los clientes afectadas por la aplicación inicial de las medidas. Al admitir una posible “percepción errónea” y describir los ajustes realizados, el presidente reconoció implícitamente el impacto reputacional y diplomático del incidente.
Contexto político y económico
El episodio se enmarca en un deterioro general de las relaciones entre Israel y España desde el inicio de la guerra. En septiembre, Reuters informó que España prohibió la escala en su territorio de barcos y aviones que transportaran armas con destino a Israel, decisión que provocó fuertes críticas por parte del gobierno israelí.
A la vez, la política española refleja tensiones entre las decisiones políticas y la realidad industrial. Según Reuters, España concedió recientemente a Airbus una exención que permite continuar utilizando tecnología israelí en sus plantas nacionales, pese a las restricciones generales, debido a la importancia industrial y laboral de la compañía.
Para las empresas y particulares israelíes que operan en España, la incógnita ahora es si los procedimientos revisados por Sabadell garantizarán un acceso predecible y no discriminatorio a los servicios bancarios, y qué tipo de documentación será exigida en el futuro para las operaciones vinculadas con Israel.
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