La administración del presidente Trump levantó las sanciones a tres ejecutivos vinculados al consorcio de software espía Intellexa, según un aviso publicado el martes en el sitio web del Tesoro de Estados Unidos.
Esta medida revierte parcialmente las sanciones impuestas el año pasado por la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden a siete personas vinculadas a Intellexa. En aquel momento, el Departamento del Tesoro describió al consorcio, fundado por el exfuncionario de inteligencia israelí Tal Dilian, como "una compleja red internacional de empresas descentralizadas que desarrollaron y comercializaron un conjunto completo de productos de software espía altamente invasivos".
El Tesoro indicó en un correo electrónico que la remoción "se realizó como parte del proceso administrativo normal en respuesta a una solicitud de reconsideración". Añadió que cada una de las personas había "demostrado medidas para distanciarse del Consorcio Intellexa".
Los representantes de Intellexa no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios.
El aviso indicaba que se levantaron las sanciones contra Sara Hamou, a quien el gobierno estadounidense acusó de prestar servicios de gestión a Intellexa; Andrea Gambazzi, cuya empresa, según el gobierno estadounidense, poseía los derechos de distribución del software espía Predator; y Merom Harpaz, descrito por funcionarios estadounidenses como un alto ejecutivo del consorcio.
Gambazzi, Hamou y Harpaz no respondieron de inmediato a los mensajes enviados directamente a ellos ni a sus representantes. Dilian, quien permanece en la lista de sancionados, no respondió a los mensajes solicitando comentarios.
El software espía insignia del consorcio Intellexa, "Predator", está en el centro de un escándalo por la presunta vigilancia de un periodista, una figura prominente de la oposición y decenas de personas más en Grecia. En 2023, un grupo de medios de investigación informó que el gobierno vietnamita había intentado hackear a miembros del Congreso estadounidense utilizando herramientas de Intellexa.
Dilian ha negado previamente cualquier implicación o irregularidad en el caso griego y no ha hecho comentarios públicos sobre el intento de hackeo a legisladores estadounidenses.
En su primera ola de sanciones, emitida en marzo del año pasado, el gobierno estadounidense acusó a Intellexa de facilitar la proliferación de software espía comercial y tecnologías de vigilancia a regímenes autoritarios y alegó que su software se había utilizado para vigilar de forma encubierta a funcionarios, periodistas y expertos en políticas del gobierno estadounidense.
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