miércoles, 30 de enero de 2013

Las mentiras y verdades del acuerdo

NJ/ - Escuche las declaraciones de Alberto Fernández en Radio Jai sobre las negociaciones entre Argentina e Irán y lea el artículo publicado a continuación por el ex jefe de Gabinete. Escuche la entrevista a Alberto Fernández Una vez más, la Presidenta ha exhibido heroica otra de sus decisiones. Esta vez ha anunciado con “orgullo” un acuerdo con Irán por el cual crea una Comisión de la Verdad para entender en “temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA”, para lo cual “analizará la información recibida de ambas partes”, “expresará su visión” y “emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder en el caso”. Una Nación expresa cabalmente su condición soberana juzgando los hechos que ocurren en su tierra y damnifican a sus habitantes. La regla es lógica consecuencia del llamado “principio de territorialidad”, establecido en el primer artículo de nuestro Código Penal. Ninguna duda cabe que el atroz atentado contra la AMIA de hace casi dos décadas, que acabó con la vida de 85 argentinos y generó lesiones en más de 300 compatriotas, debe ser juzgado bajo el imperio de la ley argentina. Es en aplicación de ese principio que la investigación se ventila en nuestros tribunales. La negativa de Irán de extraditar a Argentina a los presuntos culpables, ha determinado la virtual paralización de la indagación. Insólitamente, el acuerdo pacta con los acusados remisos a aceptar la jurisdicción argentina cómo destrabar el proceso que se ha estancado por la rebeldía iraní. Tanto es así que hasta acepta que los acusados ante los tribunales argentinos sólo sean indagados en Teherán simultáneamente por funcionarios argentinos e iraníes y ante la Comisión de la Verdad. Todo indica que la Presidenta ha olvidado aquella regla, tanto es así que el “histórico” acuerdo acaba violándola flagrantemente. En la práctica, Argentina ha supeditado su propia investigación a lo que diga una comisión especial, olvidando que no hay mayor desprecio a la soberanía que conceder a terceros la investigación de delitos que suceden en el país concedente. Seguramente para el asombro o la indignación de muchos, en diversos mensajes en Twitter (!), la Presidenta ha expresado su orgullo por lo convenido: a. Ha dicho que “se logra por primera vez un instrumento legal de Derecho Internacional entre Argentina/Irán”. ¿Para qué se necesita una norma de Derecho Internacional a efectos de juzgar un hecho acaecido en Argentina? Eso no es un avance, es un retroceso que representa una enorme claudicación a nuestra soberanía; b. Ha dicho que mediante el acuerdo se “garantiza el debido proceso legal”. ¿Pero es que acaso el debido proceso legal no estaba garantizado con el juicio desarrollado en Argentina? c. Ha dicho que, como los eventuales miembros de la Comisión de la Verdad no serán ni argentinos ni iraníes, se garantiza un “standard de independencia”. ¿Eso supone que los funcionarios judiciales argentinos no garantizaban ecuanimidad e independencia en el juzgamiento del hecho? d. Ha dicho que el acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento en procura de alcanzar un “alto standard institucional”. Eso es falso. En realidad la intervención parlamentaria en Argentina es imprescindible para hacer una excepción al Principio de Territorialidad y para limitar la intervención del Juez Natural que la Constitución Nacional preserva en su artículo 18. ¿El “alto standard institucional” consistirá en buscar la complicidad de cámaras legislativas en donde el oficialismo disfruta de amplias mayorías? e. Ha dicho que el acuerdo es histórico porque Irán no está obligado por ninguna resolución o instrumento de derecho internacional a dialogar con Argentina. ¿Y por qué debería querer Argentina dialogar con Irán a partir de un hecho que supone un acto delictivo que sólo afecta a Argentina? f. Por último, ha dicho que no “permitiremos que la tragedia de la AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos”. ¿Eso significa que la Presidenta estima que ello ocurriría si Argentina siguiera adelante su investigación o tal vez significa que pretende alinearse detrás de otros “intereses geopolíticos” diferentes a aquellos a los que no quiere favorecer? Será preocupante cualquier respuesta que se encuentre al interrogante. Por mucho esfuerzo que haga el Gobierno por querer demostrar lo contrario, el acuerdo anunciado supone un enorme retroceso. Sin entrar a analizar posibles explicaciones propias de la política internacional, el pacto implícitamente pone en duda la calidad de las investigaciones judiciales desarrolladas en nuestro país al aceptar que las auditen otras instituciones ajenas al Derecho Internacional y facilita a los acusados ventilar sus versiones en su país de origen y al amparo del régimen gobernante. Desconozco las razones últimas que puedan haber justificado el acuerdo. Pero no puedo dejar de temer que, más allá de los discursos ampulosos que digan lo contrario, se esté tirando por la borda la búsqueda de la verdad que durante dos décadas ha movilizado a las familias de las víctimas de tan monstruoso atentado