"A lo largo de los 50 días que duraron los combates de las IDF contra elementos terroristas de la Franja, los ataques palestinos provocaron la muerte de seis civiles israelíes –entre ellos un niño de cuatro años– y de 13 palestinos –entre ellos 11 niños–; estos últimos fueron víctimas de un proyectil que cayó junto a un supermercado del populoso campo de refugiados de Al Shati, y que buena parte de la prensa adjudicó erróneamente a Israel"
La operación Margen Protector, desarrollada por el Ejército israelí el pasado verano en la Franja de Gaza, fue objeto de duras críticas por parte de distintos organismos internacionales, incluso no faltaron acusaciones al Estado judío de que había cometido crímenes contra la humanidad. Un informe de Amnistía Internacional (AI) revela ahora que diversos grupos terroristas palestinos, pero principalmente Hamás, “dieron muestra de una falta flagrante de respeto por el derecho internacional humanitario, sin que les preocuparan tampoco las consecuencias de sus infracciones para la población civil de Israel y de la Franja de Gaza”.
La ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos ha recogido estos atentados contra la población civil por parte de grupos palestinos en un documento titulado “Ilegítimos y mortíferos: los ataques con cohetes y proyectiles de mortero efectuados por grupos armados palestinos durante el conflicto de Gaza e Israel de 2014″. En dicho informe, AI señala que los cohetes de los terroristas palestinos carecen de sistema de guiado, de manera que no pueden utilizarse con precisión contra objetivos militares y, por lo tanto, ponen en grave riesgo a la población civil. El empleo de estas armas, subraya la ONG, está “prohibido por el derecho internacional y constituye un crimen de guerra”.
A lo largo de los 50 días que duraron los combates de las IDF contra elementos terroristas de la Franja, los ataques palestinos provocaron la muerte de seis civiles israelíes –entre ellos un niño de cuatro años– y de 13 palestinos –entre ellos 11 niños–; estos últimos fueron víctimas de un proyectil que cayó junto a un supermercado del populoso campo de refugiados de Al Shati, y quebuena parte de la prensa adjudicó erróneamente a Israel.
El informe de AI pone de manifiesto la utilización por parte de grupos terroristas palestinos de instalaciones civiles y educativas como almacenes de armas y municiones, en una deliberada decisión de emplear a los usuarios de las mismas como escudos humanos. Las escuelas de la ONU fueron, de hecho, utilizadas para lanzar ataques o acumular armas al amparo de su inmunidad. Esa falta de escrúpulos llevó a las organizaciones palestinas a lanzar sus proyectiles desde lugares situados muy cerca de los refugios de la población gazatí, con lo que puso en grave riesgo su seguridad y cometió, según AI, una nueva violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Por otro lado, AI pide al Gobierno israelí que extienda la protección de su sistema antimisilesCúpula de Hierro a la población árabe que habita los pueblos beduinos del desierto del sur de Israel, donde viven más de 100.000 personas, pues considera que están en riesgo de sufrir las consecuencias de los ataques indiscriminados de los terroristas palestinos.
Las campañas de Amnistía Internacional han estado en numerosas ocasiones en entredicho por el sesgo ideologizado que sus dirigentes les han imprimido. En este documento, dedicado según reza su título a denunciar los abusos contra los derechos humanos de los grupos palestinos, AI incluye una dura crítica a Israel por la manera en la que llevó a cabo su operación antiterrorista. No obstante, da por sentado que los terroristas palestinos utilizaron a la población como escudo humano y que sus ataques provocaron la muerte a civiles de su propio bando (de hecho, los terroristas palestinos mataron a más palestinos que israelíes), dos acusaciones que suelen negar o relativizar numerosos partidarios de la causa palestina. El hecho de que la denuncia provenga de una organización como AI, nada sospechosa de mostrar simpatías por Israel, le añade un marchamo adicional de veracidad que las instituciones internacionales no deberían dejar pasar por alto.
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