Por Mohamed Sabry
Tras la destitución del presidente egipcio Mohamed Morsi tuvo lugar una oleada de ataques contra el Ejército y la Policía en el norte de la Península del Sinaí que causó cientos de víctimas. Como respuesta a la misma, el Gobierno egipcio decidió arrasar la localidad fronteriza de Rafah y crear una zona de seguridad junto a la frontera con la Franja de Gaza para detener la entrada de radicales y armamento.
Las Fuerzas Armadas egipcias indicaron a los habitantes de Rafah que debían evacuar la ciudad en 48 horas, un plazo insuficiente para que muchos de ellos pudieran abandonar sus hogares y encontrar alojamientos alternativos. El Gobierno anunció, asimismo, que entregaría a los residentes una indemnización adecuada por sus viviendas, pero que no les compensaría por sus terrenos, considerados propiedad militar, ya que están situados junto a la frontera.
Hasta ahora se han destruido unas 600 casas de Rafah, y cerca de 1.150 familias han sido desplazadas. Algunos de los residentes evacuados han emigrado a las ciudades de Al Arish y Sheik Zuweid, mientras que otros han abandonado el Sinaí. Otros han decidido vivir en tiendas de campaña y en refugios en terrenos agrícolas próximos a Rafah. Un habitante de la localidad, que prefirió mantener el anonimato, me contaba que se sorprendió al ver varios tanques, vehículos militares y camiones que transportaban explosivos a Rafah después de que expirara el plazo de 48 horas. “Los militares colocaron los explosivos en la casa y la volaron a distancia”, declaró. “Estábamos cerca y miramos, aunque aún no hemos encontrado otro lugar en el que quedarnos y nuestros muebles siguen en la calle, junto a la casa. Nos dijeron que nos apuntáramos en el ayuntamiento de Rafah para poder recibir la indemnización”.
La primera fase de despeje de Rafah duró sólo tres meses. Poco después, el Ejército encontró fuera de la zona de seguridad, de 500 metros de ancho, túneles más largos que los que se habían descubierto anteriormente. Debido a ello, el Gobierno amplió la zona de seguridad hasta los 1.000 metros, lo que exigía que se demolieran otras 1.069 casas. Muchos habitantes de la localidad aseguran que en la tercera fase el Ejército ampliará la zona otros 1.000 metros. Pese a que los militares no han anunciado oficialmente esa tercera fase, su portavoz anunció que las Fuerzas Armadas habían descubierto un túnel en un pozo de la localidad de Al Masura, a unos dos kilómetros de la frontera con Gaza. Una serie de casas próximas a ese túnel fueron destruidas el 29 de marzo de este año.
Uno de los residentes desplazados, que ahora vive en Al Arish, afirmaba:
No sólo hemos perdido nuestros hogares, sino nuestra historia, nuestra herencia, nuestras granjas y la antigua ciudad que nos legaron nuestros antepasados. Ya no existe. Desde luego, estábamos metidos en asuntos de contrabando, y la mayoría de las casas demolidas tenían túneles, pero nunca perjudicamos la seguridad de nuestra nación ni permitimos que entrara nada que pudiera causar desórdenes. Ahora somos víctimas de los dueños de tierras y viviendas de Al Arish, donde el precio del metro cuadrado es de entre 400 y 700 libras egipcias si los propietarios se enteran de que vienes de Rafah. Además pago unas 1.000 libras de alquiler al mes hasta que pueda acabar de construir mi nueva casa, y he recibido una indemnización de 600.000 libras por una casa de tres pisos con dos viviendas en cada piso.
Muchos de los habitantes de Rafah no están al tanto de la resolución legal que autorizó unazona de seguridad desde el Mediterráneo al Mar Rojo. Dicha resolución fue hecha pública por el Ministerio de Defensa y firmada por el actual presidente Abdel Fatah al Sisi en noviembre de 2012. En virtud de la misma se prohibe la propiedad, uso o alquiler de cualquier propiedad inmobiliaria o terreno sito en zona militar próxima a la frontera oriental. Además quedan prohibidas dichas actividades en las zonas de la periferia urbana y en los edificios construidos en reservas naturales. Sólo se permite que egipcios cuyos dos progenitores sean asimismo egipcios sean dueños de bienes inmuebles y puedan iniciar proyectos de construcción en el Sinaí; asimismo, sólo les autoriza a utilizar los terrenos de la Zona C y a residir en ellos, sin que tengan derecho de propiedad alguno sobre los mismos; dicha zona supone aproximadamente una cuarta parte de la península.
Muchos beduinos y residentes de las localidades fronterizas han organizado grandes conferencias para protestar por la decisión. Además se han puesto en contacto con medios locales internacionales para tratar de presionar al Gobierno. En cuanto a éste, la presidencia y el Ministerio de Defensa invitaron a varios líderes tribales a reunirse con Morsi y Sisi, que por aquel entonces era ministro de Defensa. Sin embargo, dichas iniciativas no tuvieron efecto práctico alguno. Ambos prometieron a los habitantes de la zona que no habría evacuaciones ni desplazamientos, pero eso es justo lo que está ocurriendo. Y, por desgracia, la única forma en la que los medios pueden cubrir esta noticia es viajando a Gaza.
Fuente: elmedio
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