Ortega aprieta y la OEA se mantiene en silencio‏

Por Mary Anastasia O'Grady

En comentarios a la prensa nicaragüense a mediados de junio, el vicepresidente de Nicaragua, el sandinista Jaime Morales, se congratuló de los planes iraníes de aumentar la cooperación con su país. "Tengo entendido que hay muchos proyectos [iraníes] que están en estudio y en desarrollo" en Nicaragua, dijo Morales. El vicepresidente añadió que "alienta" saber que Teherán tiene la disposición de "acrecentar esa ayuda".
Nicaragua, un país desgarrado violentamente en los años 80 por el apoyo soviético-cubano al líder sandinista Daniel Ortega, ha entrado de nuevo a escena. En esta ocasión, es Irán el país que quiere contar con presencia en el istmo. El régimen islámico está cortejando a Ortega, de nuevo en el poder y decidido a no repetir el error que le costó el puesto hace unos años.
Si bien Ortega parece ansioso de tomar el dinero de Irán, hace tiempo que dejó de depender de los extranjeros para permanecer en la presidencia. Seguro que el presidente nicaragüense recuerda tantas "inversiones" del Kremlin no pudieron competir con unas elecciones libres. Los nicaragüenses echaron a Ortega cuando acudieron a las urnas en 1990. La lección que aprendió el actual presidente es que la clave de una presidencia vitalicia es asegurarse de no permitir de nuevo una elección como esa.
A este objetivo dedica Ortega gran parte de su tiempo en la actualidad. Usando el poder de su presidencia, Ortega está desmantelando sistemáticamente el equilibrio de poderes institucionales que podría frustrar su plan. El diario español El País —que dista mucho de ser una publicación de derecha— se refirió a este tema en un artículo publicado el 6 de julio titulado "Daniel Ortega busca todo el poder". Ortega, escribió el periódico, ha "aplastado la autonomía provincial" con la "destitución irregular de cinco alcaldes y una decena de vicealcaldes y concejales electos, que ha encendido las alarmas en este país centroamericano". El País añadió: "Se trata, según los analistas, de una maniobra para hacerse con el control político y garantizar la permanencia en el Gobierno del ex guerrillero sandinista".
Este es el mismo camino tomado por Venezuela, Ecuador y Bolivia. En estos países se han destruido las libertades civiles; se ha acosado a la prensa y se ha encarcelado a adversarios políticos sin el correspondiente proceso legal.
También familiar es el silencio internacional que rodea a estas acciones antidemocráticas. Es especialmente significativa la incapacidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, de apoyar la democracia nicaragüense después del escándalo que armó en Honduras el año pasado. Si bien Estados Unidos emitió un comunicado a finales del año pasado criticando el control del poder de Ortega y desde entonces ha expresado su desaprobación, su respuesta ha sido tímida comparado con los alaridos que dio en Honduras.
La perentoriedad de la crisis constitucional en Nicaragua no es ningún secreto. Hugo Barquero, en la ciudad de Boaco, ha sido el alcalde más reciente en ser destituido. El Concejo Municipal argumentó que la destitución se debía a los malos manejos en la administración municipal. Sin embargo, según El País, no se presentaron informes ni pruebas que lo demostraran. Tan sólo hubo un voto mayoritario seguido de la expulsión con violencia del alcalde por agentes antidisturbios en medio de las protestas. Entre los otros alcaldes también destituidos se encontraba un sandinista que se atrevió a disentir del orteguismo.
Ortega ya controla 105 de las 153 municipalidades del país. Esta mayoría la obtuvo gracias al fraude en las elecciones de 2008 que fue tan flagrante que EE.UU. y la Unión Europea retiraron su ayuda bilateral como protesta. Sus actuales esfuerzos por quitarse de encima a estos alcaldes que lograron imponerse en 2008 es una clara señal de su determinación a eliminar a todos los disidentes.
Igual de preocupante es su asalto a la independencia judicial. Como informé en febrero durante una visita a Managua, Ortega quiere que los jueces del Consejo Supremo Electoral que bendijeron el fraude electoral de 2008 sean reconfirmados. Los congresistas de la oposición se han negado a acatar la reelección del actual consejo, por lo que Ortega ha decretado que se amplíen indefinidamente los mandatos de los jueces.
Ortega también promovió una "votación" ilegal de tres jueces de la Corte Suprema y de tres jueces "suplentes" para levantar la prohibición constitucional a su reelección. Ahora, amenaza con destituir, y reemplazar con otros jueces de su gusto, a los magistrados que se oponen a sus intentos agresivos de usar el poder.
El presidente está participando en un golpe contra la constitución del país. Y aquí es donde entra Insulza. El Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA señala que el Secretario General "podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente" en caso de que haya "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". Así que pregunté a su oficina sobre las afirmaciones de la oposición de que Insulza está esperando una invitación del gobierno nicaragüense para hacer algo y por qué no ha invocado el Artículo 20.
Tras reprenderme por hacer esas preguntas, la portavoz de la OEA Patricia Esquenazi me dijo que el secretario general hasta ahora no había considerado que se había producido en Nicaragua una grave alteración del orden democrático. En una carta a la oposición fechada el 17 de mayo, que Esquenazi no quiso entregarme, Insulza manifestó que estaba esperando a que un miembro de la OEA mencionara el tema. Mientras tanto, según su vocera, Insulza está siguiendo la "diplomacia silenciosa". No es de extrañar que ya no se considere seriamente a la OEA como una defensora de la democracia constitucional.
Fuente: The Wall Street Journal