EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL. El oficio reservado se titula “Medidas a aplicar sobre personal militar identificado con indicios de radicalidad”.
“Para anular o al menos disminuir este riesgo”, continúa el documento reservado, “se establecerán una serie de medidas que serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento”.
Por ejemplo, a los sospechosos se les deberá denegar, si la solicitan, o retirar, si ya la tienen, la habilitación de seguridad, que permite manejar información clasificada o acceder a dependencias restringidas.
Además, se les impedirá ocupar puestos de trabajo “en donde pueda ponerse en riesgo la seguridad en cualquiera de sus variantes o se pueda tener acceso a información sensible”. El escrito enumera una serie de destinos vetados: la policía militar y la unidad de seguridad; la plana mayor; los locales donde se maneje documentación clasificada; las armerías, polvorines y parques de armamento; los centros de comunicaciones o sistemas de información; los puestos de conductor o escolta de autoridades; los de tirador de precisión o desactivador de explosivos; y “cualquier otro que se considere por el jefe de la unidad”. Además, los sospechosos serán objeto de “seguimiento en la unidad en todo aquello relacionado con sus actividades o acciones de proselitismo, su grado de radicalidad y sus actividades públicas (en redes sociales, prensa, Internet, etcétera)”. También se controlarán sus “situaciones procesales o delictivas fuera del ámbito de las FAS [Fuerzas Armadas]”, así como sus “notificaciones de salida al extranjero”.
El oficio recomienda la “aplicación, en cuanto sea posible, de la normativa de personal en lo relativo a las facultades profesionales o psicofísicas, de las acciones derivadas del PADET [Plan Antidroga del Ejército de Tierra], del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar”. Por un procedimiento (pérdida de condiciones psicofísicas para seguir en activo) o por otro (sanciones disciplinarias o penales), el resultado sería la expulsión.
De hecho, se propone la “elaboración de [un] IPEC [Informe Personal de Calificación] por cambio significativo en la conducta personal del calificado, cuando proceda” e incluir “en las renovaciones de compromiso [una] valoración de la información complementaria sobre su actuación profesional”. Un IPEC negativo constituye motivo suficiente para que un soldado no renueve su contrato.
El documento del Estado Mayor no define qué se entiende por “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”; ni si el mismo se limita o no a los grupos que justifican la violencia. Tampoco especifica quién puede decidir cuál es el personal afectado por estas medidas; aunque tradicionalmente estos cometidos han estado en manos de la Segunda Sección de los estados mayores (Inteligencia) y del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra).
“La conducta de estos individuos puede debilitar a la institución militar”
Al tratarse de un procedimiento secreto, carece de garantías para los afectados, a los que se priva de ocupar determinados destinos y desarrollar su carrera profesional, lo que podría chocar con la Ley de Derechos y Deberes de los militares de 2007, según la cual “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de [...] religión o convicciones, opinión o cualquier otra circunstancia”.
La ley disciplinaria y el código penal castrense castigan a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad política o sean condenados por un delito doloso de carácter común, pero las medias citadas en el oficio son “de carácter preventivo”, según fuentes militares, cuando solo hay “indicios” y no una sentencia o una sanción firme.
Consultado un portavoz del Ejército de Tierra, excusó hacer cualquier comentario sobre el documento, alegando que “tiene carácter clasificado y está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales”.
miércoles, 27 de noviembre de 2013
España: El Ejército toma medidas ante los brotes de “radicalismo” en sus filas
Por Miguel Gonzalez
El Ejército está preocupado por la aparición en sus filas de brotes de radicalismo “ideológico, religioso o delictivo” y ha puesto en marcha un sistema de seguimiento para neutralizar a los sospechosos. “La conducta de estos individuos constituye una debilidad para la institución y puede llegar a suponer una amenaza a la seguridad”, advierte un oficio reservado del Estado Mayor del Ejército de Tierra, fechado el pasado 24 de octubre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Se ha detectado en el ET [Ejército de Tierra] la existencia de personal con indicios claros de radicalismo (ideológico, religioso o delictivo) cuyas acciones, en la mayoría de los casos, se circunscriben a su esfera privada y su entorno social”, comienza el documento oficial.
Aunque el texto no lo especifica, fuentes militares aseguran que el Estado Mayor está preocupado por la aparición en sus filas de fenómenos de extremismo religioso (como los grupos islamistas o salafistas) e ideológico, tanto de ultraderecha (neonazis) como de ultraizquierda (antisistema); así como por la presencia de individuos vinculados a la delincuencia común y, en especial, a bandas latinas, como los Latin Kings o Los Ñetas.
EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL. El oficio reservado se titula “Medidas a aplicar sobre personal militar identificado con indicios de radicalidad”.
“Para anular o al menos disminuir este riesgo”, continúa el documento reservado, “se establecerán una serie de medidas que serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento”.
Por ejemplo, a los sospechosos se les deberá denegar, si la solicitan, o retirar, si ya la tienen, la habilitación de seguridad, que permite manejar información clasificada o acceder a dependencias restringidas.
Además, se les impedirá ocupar puestos de trabajo “en donde pueda ponerse en riesgo la seguridad en cualquiera de sus variantes o se pueda tener acceso a información sensible”. El escrito enumera una serie de destinos vetados: la policía militar y la unidad de seguridad; la plana mayor; los locales donde se maneje documentación clasificada; las armerías, polvorines y parques de armamento; los centros de comunicaciones o sistemas de información; los puestos de conductor o escolta de autoridades; los de tirador de precisión o desactivador de explosivos; y “cualquier otro que se considere por el jefe de la unidad”. Además, los sospechosos serán objeto de “seguimiento en la unidad en todo aquello relacionado con sus actividades o acciones de proselitismo, su grado de radicalidad y sus actividades públicas (en redes sociales, prensa, Internet, etcétera)”. También se controlarán sus “situaciones procesales o delictivas fuera del ámbito de las FAS [Fuerzas Armadas]”, así como sus “notificaciones de salida al extranjero”.
El oficio recomienda la “aplicación, en cuanto sea posible, de la normativa de personal en lo relativo a las facultades profesionales o psicofísicas, de las acciones derivadas del PADET [Plan Antidroga del Ejército de Tierra], del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar”. Por un procedimiento (pérdida de condiciones psicofísicas para seguir en activo) o por otro (sanciones disciplinarias o penales), el resultado sería la expulsión.
De hecho, se propone la “elaboración de [un] IPEC [Informe Personal de Calificación] por cambio significativo en la conducta personal del calificado, cuando proceda” e incluir “en las renovaciones de compromiso [una] valoración de la información complementaria sobre su actuación profesional”. Un IPEC negativo constituye motivo suficiente para que un soldado no renueve su contrato.
El documento del Estado Mayor no define qué se entiende por “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”; ni si el mismo se limita o no a los grupos que justifican la violencia. Tampoco especifica quién puede decidir cuál es el personal afectado por estas medidas; aunque tradicionalmente estos cometidos han estado en manos de la Segunda Sección de los estados mayores (Inteligencia) y del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra).
“La conducta de estos individuos puede debilitar a la institución militar”
Al tratarse de un procedimiento secreto, carece de garantías para los afectados, a los que se priva de ocupar determinados destinos y desarrollar su carrera profesional, lo que podría chocar con la Ley de Derechos y Deberes de los militares de 2007, según la cual “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de [...] religión o convicciones, opinión o cualquier otra circunstancia”.
La ley disciplinaria y el código penal castrense castigan a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad política o sean condenados por un delito doloso de carácter común, pero las medias citadas en el oficio son “de carácter preventivo”, según fuentes militares, cuando solo hay “indicios” y no una sentencia o una sanción firme.
Consultado un portavoz del Ejército de Tierra, excusó hacer cualquier comentario sobre el documento, alegando que “tiene carácter clasificado y está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales”.
EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL. El oficio reservado se titula “Medidas a aplicar sobre personal militar identificado con indicios de radicalidad”.
“Para anular o al menos disminuir este riesgo”, continúa el documento reservado, “se establecerán una serie de medidas que serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento”.
Por ejemplo, a los sospechosos se les deberá denegar, si la solicitan, o retirar, si ya la tienen, la habilitación de seguridad, que permite manejar información clasificada o acceder a dependencias restringidas.
Además, se les impedirá ocupar puestos de trabajo “en donde pueda ponerse en riesgo la seguridad en cualquiera de sus variantes o se pueda tener acceso a información sensible”. El escrito enumera una serie de destinos vetados: la policía militar y la unidad de seguridad; la plana mayor; los locales donde se maneje documentación clasificada; las armerías, polvorines y parques de armamento; los centros de comunicaciones o sistemas de información; los puestos de conductor o escolta de autoridades; los de tirador de precisión o desactivador de explosivos; y “cualquier otro que se considere por el jefe de la unidad”. Además, los sospechosos serán objeto de “seguimiento en la unidad en todo aquello relacionado con sus actividades o acciones de proselitismo, su grado de radicalidad y sus actividades públicas (en redes sociales, prensa, Internet, etcétera)”. También se controlarán sus “situaciones procesales o delictivas fuera del ámbito de las FAS [Fuerzas Armadas]”, así como sus “notificaciones de salida al extranjero”.
El oficio recomienda la “aplicación, en cuanto sea posible, de la normativa de personal en lo relativo a las facultades profesionales o psicofísicas, de las acciones derivadas del PADET [Plan Antidroga del Ejército de Tierra], del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar”. Por un procedimiento (pérdida de condiciones psicofísicas para seguir en activo) o por otro (sanciones disciplinarias o penales), el resultado sería la expulsión.
De hecho, se propone la “elaboración de [un] IPEC [Informe Personal de Calificación] por cambio significativo en la conducta personal del calificado, cuando proceda” e incluir “en las renovaciones de compromiso [una] valoración de la información complementaria sobre su actuación profesional”. Un IPEC negativo constituye motivo suficiente para que un soldado no renueve su contrato.
El documento del Estado Mayor no define qué se entiende por “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”; ni si el mismo se limita o no a los grupos que justifican la violencia. Tampoco especifica quién puede decidir cuál es el personal afectado por estas medidas; aunque tradicionalmente estos cometidos han estado en manos de la Segunda Sección de los estados mayores (Inteligencia) y del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra).
“La conducta de estos individuos puede debilitar a la institución militar”
Al tratarse de un procedimiento secreto, carece de garantías para los afectados, a los que se priva de ocupar determinados destinos y desarrollar su carrera profesional, lo que podría chocar con la Ley de Derechos y Deberes de los militares de 2007, según la cual “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de [...] religión o convicciones, opinión o cualquier otra circunstancia”.
La ley disciplinaria y el código penal castrense castigan a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad política o sean condenados por un delito doloso de carácter común, pero las medias citadas en el oficio son “de carácter preventivo”, según fuentes militares, cuando solo hay “indicios” y no una sentencia o una sanción firme.
Consultado un portavoz del Ejército de Tierra, excusó hacer cualquier comentario sobre el documento, alegando que “tiene carácter clasificado y está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales”.
