La ONU y Libia

Por Julián Schvindlerman

Analista político internacional. Ex director ejecutivo de UN Watch en Suiza



LIBERTAD DIGITAL (ESPAÑA) – 15/3/11

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El coronel Gaddafi ha lanzado una fuerte contraofensiva contra posiciones rebeldes. Ciudades estratégicas y otras han sido recapturadas por las fuerzas leales al régimen. Tanques y aviones fueron enviados a reprimir a los manifestantes que clamaban por la libertad. Periodistas foráneos fueron secuestrados y torturados. Ya hay un cuarto de millón de refugiados en Túnez, Egipto, Argelia y Nigeria. Según el New York Times, Gaddafi tiene decenas de miles de millones de dólares en efectivo en Trípoli para financiar la feroz represión, limitando así el impacto del embargo. El mundo libre estudia sus opciones más duras -creación de zona de exclusión aérea, intervención militar- pero, mientras la situación para los libios es cada vez más dramática, no se decide a actuar.



¿El motivo? Pues que las Naciones Unidas aún no han autorizado el uso de la fuerza para preservar la paz y la seguridad en el país árabe y, en consecuencia, en la región. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea esperan el aval legal del organismo, puntualmente de su Consejo de Seguridad. La Carta de la ONU garantiza la integridad territorial y la independencia política de las naciones, y contempla el uso de la fuerza en defensa propia o para la preservación de la paz y la seguridad global. El Consejo está integrado por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia) y otros diez miembros no permanentes (actualmente: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia, Gabón, India, El Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica). La adopción de una resolución sustantiva requiere el apoyo de nueve de sus quince miembros y la ausencia de veto por parte de los países-miembro permanentes.



Es importante entender entonces que cuando hablamos del aval de la ONU, estamos refiriendo a la autorización de estos quince países y no de los casi doscientos que integran el organismo. Vale decir que el destino del pueblo libio está en manos de la opinión ilustrada de unos pocos gobiernos. A esto comúnmente se denomina “la opinión de la familia de las naciones”, una caracterización demasiado grandiosa que no refleja la realidad. El problema crucial radica en el poder de veto de los permanentes. China y Rusia se oponen a que el Consejo autorice el uso de la fuerza contra Libia. Ello implica que el Consejo está paralizado. Si Washington y sus aliados decidieran actuar por fuera del marco de la ONU, lo harían en el ámbito de la ilegalidad. En la observación del profesor de derecho en la Universidad de California en Berkeley, John Yoo, esto da lugar a una situación extraña: aquellas naciones que aceptan la responsabilidad elevada de mantener la paz y la democracia en el mundo se convierten en violadores de la ley internacional. Estados que protegen a regímenes autoritarios como el de Trípoli, actúan en conformidad con la ley.



La credibilidad de la ONU en este sentido puede también ser cuestionada por su propio récord institucional en relación a Libia. A pesar de que esta nación árabe ha estado bajo el poder del tirano Gaddafi por más de cuatro décadas, Libia ha sido siempre aceptada como una nación respetable en su burocracia. En fecha tan reciente como el período 2008-2009, Libia integró como miembro no-permanente el Consejo de Seguridad. En mayo del 2010, 155 países de la Asamblea General votaron a favor de la incorporación de Libia al Consejo de Derechos Humanos, del que acaba de ser suspendida (no expulsada) a partir de las revueltas. El CDH, establecido en 2006 en reemplazo de la desacreditada Comisión de Derechos Humanos, ha emitido alrededor de cincuenta resoluciones condenatorias de países en los últimos cinco años; ni una sola de ellas fue emitida contra la Libia de Gaddafi. A comienzos del presente año, el CDH publicó su reporte cuatrimestral sobre la situación de los derechos humanos en Libia como parte de una revisión universal periódica. El reporte cosechó elogios hacia Libia por parte de Sudán, Siria, Palestina, Corea del Norte, Arabia Saudita, Myanmar, Cuba, Venezuela y, sorpresivamente, también de Polonia, Australia y Canadá. No menos insólito es que la delegada de Gaddafi ante la ONU en Ginebra, Najat Al-Hajjaji, ha tenido asiento desde el año 2005 en el “Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios como método de violación de los derechos humanos”; o que en abril del 2009 haya presidido el comité planificador de la Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU; o que en el 2003 haya sido electa como presidenta de la CDH. (Durante la 59 sesión de la CDH tuve la oportunidad de dirigirle unas palabras: “Sra. Presidenta, el derecho a la auto-determinación no es el derecho a tener su propio dictador”. Como era de esperarse, el mensaje no tuvo gran impacto en la embajadora).



En septiembre de 2009, Gaddafi dio un discurso de 100 minutos de duración ante la Asamblea General en el cual tildó de “consejo del terror” al Consejo de Seguridad. Hoy debe estar arrepentido. Gracias a la inacción del mismo, el coronel puede seguir masacrando impunemente a su propio pueblo.