Un tribunal de Buenos Aires confirmó hoy el procesamiento de Carlos Menem (foto) por presunto encubrimiento en la investigación del atentado contra la mutual judía en el que murieron 85 personas, decisión que deja al ex presidente argentino muy cerca del juicio oral, informaron fuentes judiciales.
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones también incluye al ex juez Juan José Galeano, quien dirigió durante una década la investigación del ataque terrorista cometido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), apuntaron las fuentes.
La corte dejó firmes ambos procesamientos al rechazar recursos de los defensores de Menem y Galeano para recurrir a la Cámara Nacional de Apelaciones, el máximo tribunal penal de Argentina.
También ratificó los procesos contra Munir Menem, hermano del ex mandatario, los policías retirados Jorge Palacios y Carlos Castañeda, y los antiguos directores de los servicios secretos Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar.
El dictamen del tribunal de apelaciones abre las puertas a que concluya la etapa de instrucción de esta causa en manos del juez federal Ariel Lijo y se fije la fecha de un juicio oral, apuntaron los portavoces judiciales.
En esta causa, los procesados están acusados de haber desviado la investigación para no comprometer al empresario de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul, quien antes del atentado se contactó telefónicamente con el vendedor de la camioneta que fue usada como "coche-bomba" para cometer el atentado.
Edul no está procesado y la causa principal por el atentado contra la mutualista judía, actualmente en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, está volcada hacia la "pista iraní" sobre la presunta complicidad del Gobierno de Teherán con la organización terrorista Hizboláh.
El juez Lijo procesó a Carlos Menem y su hermano Munir como "instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica -reiterada en ocho oportunidades-, violación de medios de prueba y abuso de autoridad", según consta en las actuaciones judiciales.
La Fiscalía ha pedido la detención del ex presidente (1989-1999), medida que no puede concretarse sin que el Parlamento le retire previamente los fueros por su condición de senador por La Rioja, su provincia natal.
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